> Violencia amenaza campaña en Buenaventura
> La violencia vuelve a jugar en las elecciones
> Enrique Peñalosa encabeza encuesta para la alcaldía de Bogotá
> El gobierno considera 'sesgado' informe que advierte de riesgo en elecciones de octubre
> Más de medio país está en alto riesgo por falta de seguridad electoral
> Mockus fue a Cúcuta con su 'voto vital'
> Farc asesinan a candidato a alcalde de Rioblanco
> Tope de campaña para Bolívar: 1.236 millones
> Federación de municipios pide al presidente Uribe reforzar las medidas a candidatos
> Se acercan las elecciones y crecen los ataques contra candidatos
> Crítica situación de concejales en el Caquetá
> Farc habrían asesinado a candidato a alcaldía de Villarica
MOE
¿Qué hay detrás de la Misión de Observación Electoral?
Hace un par de años un grupo de organizaciones no gubernamentales, agrupaciones indígenas y varios sindicatos del país decidieron crear una estrategia de vigilancia electoral de gran impacto.
La idea contó con financiación de instituciones nacionales e internacionales y la denominaron: Misión de Observación Electoral (MOE), iniciativa de activistas independientes críticos al Gobierno Nacional. Fue creada para hacerle un seguimiento técnicamente diseñado a todas las etapas de los procesos electorales en el país.
Los críticos a las actividades de la MOE consideran que el mapa de violencia electoral que recientemente denunciaron está sustentado en votaciones pasadas, y que no tiene en cuenta el contexto actual del país en materia de seguridad, garantías electorales y desmonte del paramilitarismo.
La Misión, admite su presidente en Bogotá, Pedro Santana, es una institución muy compleja, que fundaron 13 ong, a la cabeza de Viva la Ciudadanía, que ostenta la dirección nacional, las tres centrales sindicales y la organización indígena.
Hoy por hoy son socios de la MOE la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep); la Confederación General del Trabajo (CGT); la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic); la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC); la Corporación Viva la Ciudadanía; la Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga); la Corporación Nuevo Arco Iris; la Corporación Centro de Estudios Constitucionales (Plural) y la Fundación Ciudad Abierta.
En el grupo están varias de las organizaciones con las que el Gobierno mantiene un debate por la violencia contra líderes sindicales.
El despegue de la MOE fue en diciembre de 2005, cuando surgió la idea, pero jurídicamente se creó en febrero de 2006, y su primera observación se hizo con 606 personas en las elecciones parlamentarias de ese año, luego con 1.706 en las presidenciales de mayo y ahora, en su tercera actuación, tendrá 10.000 hombres y mujeres.
Santana cuenta que después del comienzo ingresaron 27 universidades de todo el país y con 18 de ellas se montó un proyecto que apenas comienza a salir, un observatorio de medios de cómo se cubren las elecciones, integrado por igual número de facultades de comunicación que hacen el seguimiento en nueve departamentos del país y sus capitales.
El observatorio hace un seguimiento en radio, prensa escrita y televisión, y ya se produjo el primer informe que se entregó individualmente, porque la idea es que los medios que cubren muy mal el proceso se autorregulen.
UN SOPORTE ACADÉMICO
¿Y qué es la MOE dos años después? Hoy la integran 65 organizaciones de todo el país, algunas de la sociedad civil y otras gremiales como la Andi o Fenavip, Federación Nacional de Vivienda Popular. Santana dice que la idea se presentó a los empresarios de Antioquia, y justifica que la MOE es una estructura compleja porque tiene varios componentes.
Tiene una plataforma de la cual forman parte las universidades del Rosario, de los Andes, la Javeriana, la Corporación Arco Iris, la Corporación Seguridad y Democracia, que dirige el politólogo Alfredo Rangel, y la analista independiente Claudia López, una de las más duras críticas del gobierno Uribe. También hace parte el investigador Gustavo Duncand.
Es un observatorio sociopolítico que se reúne semanalmente, el cual está respaldado por varios centros de investigación en ciencias políticas de las universidades e instituciones participantes, cada de una de las cuales estudia una variable.
Esa mesa de trabajo es un observatorio que hace el seguimiento a los medios de comunicación y sólo toma para sus análisis las cifras oficiales de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, la Vicepresidencia y la Procuraduría.
Para Santana es un trabajo público serio, académicamente sustentado y políticamente responsable, que ha tenido el respaldo de Naciones Unidas. En este caso la Oficina de Naciones Unidas para la Ayuda Humanitaria, Ocha, ha aportado en lo que tiene que ver con la tecnología de agregación de la información y el software para correr los programas.
Otro de los componentes se denomina lobby, presión política y movilización social, que coordina a los 10.000 observadores en calle, que se conoce como la estructura social de la MOE y hace la propia observación, que tiene el reconocimiento del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional.
Además, subraya Santana, tiene la asesoría internacional de Capel, que es el instituto adjunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica.
Capel está constituida por todos los consejos nacionales electorales de América Latina y Estados Unidos y, según Santana, en un par de semanas estarán en Colombia dos de los mejores técnicos en materia de seguimiento electoral de ese organismo.
Para la Misión, el Fiscal General de la Nación nombró dos voceros, con rango de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que son los que reciben las denuncias que presenta la MOE sobre delitos electorales. La Procuraduría General de la Nación también delegó a la procuradora delegada para asuntos electorales, Lucy Janeth Bermúdez, quien atiende quejas y denuncias contra funcionarios públicos por indebida participación en las campañas.
En la Misión toma parte el comité estatal que sigue el proceso, de modo que está reconocido por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y la Fiscalía. Además hay protocolos internos para hacer el proceso de documentación de las denuncias sobre delitos electorales, porque la MOE no es autoridad, pero la Fiscalía los ha revisado y autorizado y lo propio ha hecho la Procuraduría en materia disciplinaria.
En su horizonte de actividades también está la MOE jurídica, que preside el ex magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz (ex presidente de la Corte Constitucional), integrada por constitucionalistas y abogados que analizan todas las denuncias que llegan a la línea 018000, o las que se conocen a través de los observadores electorales.
La tarea de campo ya la adelantan 4.000 observadores en los sitios más remotos del país, con 23 departamentos cubiertos, de los cuales proviene gran cantidad de información para la MOE. De ese grupo hacen parte líderes sociales, estudiantes universitarios, la guardia indígena del Cauca y afrodescendientes, todos los cuales tienen que pasar por capacitación sobre delitos y legislación electoral y técnicas de observación.
Al margen de la controversia que generan los estudios de la misión, Santana llama la atención que el primer compromiso que tiene un observador es votar, porque "no se puede hacer observación sino se cree en el sistema electoral y en el voto".
LA OPINIÓN
"Todas las cifras que utiliza la MOE son oficiales, no sé por qué se escandalizan tanto cuando el Procurador General en una entrevista de Yamid en El Tiempo señaló que si este país fuera serio no habría elecciones en octubre por el alto riesgo que significa la parapolítica y la amenaza de las Farc".
Pedro Santana, presidente nacional de la MOE
"Los investigadores de la MOE son serios. Cuando uno apoya una institución para hacer investigación, no necesariamente se casa con los resultados. Lo que he visto, en el caso que tienen algunos errores también son útiles, porque hay el espacio político para discutirlo.
Claro que el Gobierno tiene otras opiniones".
Carsten Wieland, director Fundación Konrad Adenauer.
León J. Saldarriaga / Colprensa