Destilados amargos
El rezago de las élites regionales

Por: Gustavo Duncan

Al analizar las primeras fases de irrupción del paramilitarismo en los años 80, se halla que las formas adquiridas por estas organizaciones variaban de acuerdo a quienes las conformaron, los intereses que buscaban proteger y el tipo de amenaza que combatían. Las autodefensas de Puerto Boyacá fueron las más famosas, pero no las únicas que surgieron en ese entonces. Otros grupos en otras regiones del país también se encargaron de enfrentarse a la subversión y, al mismo tiempo, sentaron las bases para una competencia por el poder regional y por imponer un estilo propio de sociedad.

Una clasificación de las organizaciones paramilitares que surgieron en los 80 estaría dada por cuatro orígenes y motivaciones. Los primeros, fueron aquellos escuadrones de la muerte formados por las fuerzas de seguridad estatales, que se encargaban de eliminar a indeseables, políticos opositores y delincuentes comunes. Desde guerrilleros en la clandestinidad y activistas de grupos de izquierda hasta abigeos, violadores y asesinos comunes fueron dados de baja para agilizar la solución de los problemas de seguridad locales.

Los segundos, fueron aquellos aparatos armados de las élites tradicionales en las regiones (terratenientes, gamonales, caciques políticos, comerciantes, etc.) que se encargaban de proteger su integridad y propiedad de las guerrillas cuando a finales de los 70 los grupos insurgentes comenzaron a irrumpir desde zonas aisladas hasta los alrededores de ciudades y municipios dependientes de economías agrícolas. El propósito de estos grupos fue exclusivamente la protección de las propiedades, los intereses económicos directos y los miembros de las élites regionales, más que involucrar al resto de la sociedad en la defensa antisubversiva.

Los terceros, estuvieron conformados por campesinos de lo local –clases medias y bajas con fuertes vínculos sociales– que habían logrado un incipiente proceso de acumulación. Estos grupos surgían en medio de una relación más estrecha con las comunidades y su respuesta antisubversiva involucraba no sólo la protección de sus propiedades, sino también la supervivencia y el bienestar de los miembros de las redes clientelistas y de parentesco asociadas a su proyecto. Los grupos de Puerto Boyacá y de Hernán Giraldo podrían clasificarse dentro de esta categoría.

Finalmente, estaban los narcotraficantes, quienes terminarían en una guerra a muerte con la guerrilla. La razón de la guerra tenía que ver con la amenaza de la subversión contra los enormes capitales que ellos acumulaban. El caso del secuestro y asesinato del padre de los Castaño resume el desafío que enfrentaban los narcos con el arribo de un grupo armado que destruía las bases de su acumulación capitalista.

En el transcurso de las décadas siguientes, quedaría claro que ni los escuadrones de la muerte de las fuerzas de seguridad ni las bandas paramilitares de las élites regionales fueron capaces de imponer su modelo de contención a la subversión. Se acomodarían, más bien, al nuevo orden planteado por los grupos armados de campesinos medios y narcotraficantes, los cuales se narcotizarían aún más por la lógica de la guerra y el negocio. De hecho, algunos de los miembros de las élites regionales optarían por ingresar en estos grupos en vez de mantener las organizaciones paramilitares pequeñas dedicadas exclusivamente a proteger sus propiedades e intereses económicos.

Y de fondo, la formación de los bloques de las AUC como resultado final del proceso histórico del paramilitarismo, es una evidencia que las élites regionales no fueron capaces de construir un proyecto de sociedad acorde con sus principios y métodos. Tuvieron que asociarse al narcotráfico y la corrupción para contener a las guerrillas, pero más importante: para poder sobrevivir en un contexto social donde se habían rezagado como principales fuerzas de la economía, la política y el prestigio social.

Columna publicada en el diario El País. 

VOTEBIEN.COM 10/10/2007