La trashumancia y la compra venta del voto como práctica cultural

Por: Raimundo Alvarado*

El tema de la trashumancia o trasteo electoral estaba en la agenda de los medios por el hecho de que un poco más de 375 mil inscripciones o zonificaciones han sido anuladas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al comprobar irregularidades. La propuesta del presidente de éste organismo, Pablo Gil, del Partido de la U y quien toda su vida ha militado en las huestes del ex senador José Name Terán, candidato a la Gobernación del Atlántico, en el sentido de que se debatiera en los medios académicos y políticos la posibilidad de eliminar como delito la trashumancia agitó aún más el debate. Name resultó perjudicado por la asociación que hubo inmediatamente en los medios de comunicación y en la opinión en torno a sus prácticas políticas y la propuesta de Gil. Ante la avalancha de críticas, éste último recogió velas e insiste ahora en que se trata de un mero ejercicio académico. En ningún caso una propuesta formal y, mucho menos, que la suya sea la posición del CNE.

La trashumancia está muy relacionada en la Costa Caribe con la compra venta del voto y otras formas abiertas y veladas de constreñimiento o de halagos en las elecciones nacionales y las regionales. En Barranquilla, por ejemplo, en varias ocasiones han sido anuladas total o parcialmente las zonificaciones. Este año sólo han sido 21 mil las anulaciones decretadas, 55 mil en todo el departamento, de un total de 300 mil inscripciones o zonificaciones que se hicieron. Hace quince años un joven se zonificó 20 veces y cuando los periodistas lo entrevistamos nos contó que no sabía que eso no debería haberlo hecho y que lo hizo porque no tenía trabajo. Por cada zonificación le pagaron entre diez y veinte mil pesos. De manera que duró una semana “trabajando”.

En la medida en que el dinero ha sido crecientemente el principal factor electoral, la concentración de los votantes en lugares estratégicos para definir unas elecciones locales va creciendo. Antes, cuando las autoridades impedían la circulación de las personas de un municipio a otro en vehículos, el trasteo no era problema mayor, pues había que garantizar alojamiento y recreación a los votantes transportados en fincas o casas, y eso hacía muy compleja la operación. La complejidad ahora es menor, pues los votantes pueden regresar a sus sitios de residencia inmediatamente.

No obstante, los municipios atlanticenses de Piojó, Juan de Acosta y Puerto Colombia son los más atractivos para hinchar los listados de inscripciones. Son pueblos de playas y fincas. Piojó, por ejemplo, duplica su población electoral respecto a la que aparece con más de 18 años en los censos.

Lo que se está viendo ahora frente al fenómeno es la reacción de los habitantes de los municipios receptores contra los votantes foráneos. En Ponedera, al oriente sur del Atlántico, los líderes de la población han estado asistiendo a las emisoras de Barranquilla para advertir que no permitirán que otros definan quien será su Alcalde o sus concejales. Así que los inscritos allá ni se aparezcan. El Consejo Seccional de Garantías Electorales recibió esta semana un informe de la Policía que señala que están preparando ataques a las alcaldías de Ponedera, Candelaria y Manatí, entre otros municipios, si los resultados no corresponden con las expectativas de quienes están dispuestos a realizar tales asonadas. En fin, se está generando un ambiente que hace poco atractivo ir a votar por fuera del sitio de residencia en esta ciudad y, peor, en los tradicionalmente pueblos tranquilos de este departamento.

Hay ruidos de fraude. El registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, advirtió en sesión privada a las autoridades seccionales, entre ellas los organismos de seguridad, que hay rumores muy creíbles de clonación de cédulas que significarían 50 mil votos ilegales. Se ha visto precisado a cambiar en tres ocasiones a sus delegados en menos de cuatro meses. Hay quejas respecto al nombramiento de los jurados. Son tales las presiones a la Registraduría que muy poco sale a flote el tema de las amenazas por grupos ilegales a las elecciones del 28 de octubre.

La trashumancia, la compra venta del voto, los constreñimientos y los halagos son temas del cubrimiento electoral en toda la Costa, no sólo en Barranquilla. Un estudio hecho por una firma para el diario El Universal de Cartagena refleja que el 78 por ciento de la población encuestada reconoce su proclividad a tomar decisiones políticas por halagos, como dinero y otros bienes. En Sincelejo, un estudio de la Diócesis y la Fundación para el Desarrollo de los Montes de María tiene conclusiones parecidas, pero al mismo tiempo un anhelo de los ciudadanos consultados para que estas costumbres cambien. Se trata de comportamientos culturales que parece que tienen arraigo porque muy pocos creen que las elecciones sirvan para cambiar.

Todo esto hace pensar que las elecciones del próximo domingo pasarán a la historia como nueva oportunidad perdida para la Costa Caribe, si el propósito es encontrar en este mecanismo de participación democrática, ya, los liderazgos éticos necesarios para el cambio.

Mientras la trashumancia o el trasteo electoral sea una práctica común y en las cantidades de movilización de personas que se reconocen en la Costa, habrá más motivos para la desesperanza y la desconfianza en los procesos democráticos. Este es un punto en el debate que propone Gil.

*Coordinador de la Red de Periodistas delCaribe (Redcaribe)

10/19/2007 VOTEBIEN.COM