Empresas y campañas políticas ¿Un matrimonio por interés?

La “Encuesta sobre la financiación de las campañas electorales y la corrupción política en Colombia”, realizada por el Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo en colaboración con Transparencia por Colombia, fue aplicada a 300 empresarios de cinco ciudades principales del país.

A los empresarios se les preguntó sobre los aportes en dinero y especie a los candidatos y acerca de las relaciones nocivas entre empresas privadas, partidos y funcionarios públicos en la dinámica electoral.

Algunos de los puntos clave que revela este estudio son:

-Para el 94,4% de las empresas encuestadas, las donaciones a las campañas electorales constituyen una práctica de corrupción. En relación con la calidad de la financiación electoral, el 54,9% de empresarios afirmaron que no entregan donaciones porque consideran que es un proceso de baja calidad; en comparación a otros que se llevan a cabo dentro de las entidades estatales en Colombia como es el caso del nombramiento de empleados estatales (49,5%), las licitaciones en entidades estatales (46,1%); conciliaciones con entidades estatales (42,2%); a adquisición directa de bienes o servicios (40, 7%) la expedición de leyes y regulaciones (30,1%).

-De un total de 151 empresarios que sí donaron a las campañas electorales en el periodo 2006-2007, la mayoría manifestaron que apoyan principalmente a los candidatos a las alcaldías, un 27.8%, y a los concejos municipales, 23.3%. En menor proporción se entregaron aportes a las campañas presidenciales, y a las de Congreso y Asambleas. Las donaciones de menor cuantía y en especie priman en el ámbito local más que en el nacional, lo cual agudiza la corrupción electoral en las regiones por las dificultades de controlar estos aportes.

-Financiar a varios aspirantes a un mismo cargo es una práctica común según los resultados de la encuesta porque no existe una identificación programática por parte de este grupo de donantes con los candidatos que reciben estos recursos; de lo cual este estudio infiere que las compañías buscan garantizar el acceso de los líderes con mayores opciones de poder así no sean elegidos, más que la consolidación de los partidos políticos.

-Los intereses particulares de los empresarios siguen siendo la razón principal para adjudicar donaciones, un 38.4% mencionó que prevalecen los vínculos familiares o de amistad para favorecer a cierto candidato. Adicionalmente, el 77,1% de las compañías sondeadas aseguraron no tener políticas institucionales sobre la financiación electoral.

-Resulta preocupante que un 15,8% de los encuestados busca recibir apoyo o una compensación (contratos, puestos, regulaciones favorables, entre otros) y que el 38.4% apoya a familiares o amigos lo cual aumenta los riesgos de corrupción en la política y va en detrimento de la democracia. La retribución a los donantes de las campañas electorales no es inmediata a la donación- como se explica puntualmente en éste sondeo-pues la influencia sobre los líderes políticos se ejerce particularmente cuando éstos asumen sus nuevos cargos en las diferentes ramas del poder y no en el transcurso la campaña electoral como tal.

-Los aportes electorales se entregan principalmente en especie y en menor medida en dinero). Un 54,9% del total de los encuestados manifestó que recurre a la primera modalidad de donación. Esto conlleva retos adicionales para el control de los recursos de las campañas electorales, por cuanto es más probable que este tipo de aportes no se registren en la contabilidad de los candidatos y sus partidos.

Al no hacerlo, se incurre en prácticas ilegítimas difícilmente verificables por parte de las autoridades electorales y la ciudadanía, quienes deberían tener la capacidad de verificar la transparencia en la designación de estos recursos.

Respecto a los manejos contables de las donaciones, la encuesta muestra que tan solo el 56% de las empresas registran las contribuciones efectuadas, y sólo un 51.4% se cerciora de que el beneficiario registre debidamente la donación. Estos hechos cuestionan la efectividad de algunas medidas adoptadas por el Consejo Nacional Electoral en cuanto a la divulgación de los nombres de los donantes y los montos de sus aportes.

Por otro lado, en las conclusiones de la encuesta se menciona que si bien se han implementado medidas gubernamentales para reformar los procesos de contratación y las normas a favor de la meritocracia en el sector público, el proceso de financiación electoral no ha sido objeto de revisión ni de reformas profundas; lo cual pone en riesgo la gobernabilidad y construcción democrática del país según Transparencia por Colombia. Vea la encuesta de Transparencia por Colombia