"Voy a denunciar y dar por terminado, por ilegal e inconveniente, el acuerdo de cooperación militar suscrito entre Colombia y los Estados Unidos" Gustavo Petro

Gustavo Petro, candidato a la Presidencia por el Polo Democrático Alternativo

El aspirante a la presidencia prometió que si era elegido daría por terminado el acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos porque era ilegal. Según Petro, este debería haber sido aprobado por el Congreso. “El presidente Uribe, no quiso cumplir con la Constitución y no pidió la autorización del Senado, por lo tanto no es legítimo y no tiene eficacia”, dijo. Añadió que la presencia física de soldados y autoridades extranjeras en territorio colombiano derivado de la firma de este tratado, “será considerada como una ocupación ilegal del territorio”.

La Constitución colombiana dice que cuando hay tránsito de tropas extranjeras en el territorio se debe consultar al Consejo de Estado y al Senado. Hace tres semanas el gobierno acudió a este alto tribunal para consultar su posición frente al tema. Este calificó el acuerdo como "desbalanceado para el país" y sugirió al Ejecutivo consultar con el Legislativo, pero el Presidente no lo hizo. Una de las razones que argumentó el gobierno para no hacerlo es porque no habrá “tránsito”, sino que las tropas estadounidenses se quedarán en las bases colombianas.

El analista constitucionalista Juan Carlos Lancheros dice que el acuerdo que acaba de firmar el gobierno colombiano con el gobierno de los Estados Unidos es un acuerdo simplificado, lo que significa que es subsidiario a uno que ya existía previamente, y que había sido aprobado por el Congreso. Por lo tanto, el gobierno no tendría por qué haber consultado con el Senado.

El ex magistrado constitucionalista José Gregorio Hernández explica que a comienzos de los 90 la Corte Constitucional consideraba que los convenios simplificados no necesitaban autorización del Congreso, pero que en 1999, cuando él era magistrado de la Corte se cambió la jurisprudencia, y el acuerdo sí tendría que haber pasado por el Congreso.

Adam Isacson, experto en temas de seguridad y relaciones entre Colombia y Estados Unidos dice, adicionalmente, que no recuerda que el gobierno colombiano hubiera consultado al Congreso en la firma de acuerdos de cooperación militar recientes.  El presidente Andrés Pastrana y el presidente Bill Clinton firmaron el Plan Colombia directamente sin consultar con el Congreso. No obstante, esos acuerdos no incluían disposiciones como el uso de aeropuertos o el permiso de navegación marítima.

Hernández añade que este convenio, además, le impone obligaciones nuevas a Colombia que no estaban contempladas en acuerdos previos. En criterio del ex magistrado, de todas maneras, se debería considerar  y tramitar como un acuerdo autónomo, presentándolo ante el Congreso para que sea aprobado como ley, y luego ante la Corte Constitucional para su revisión. “A este convenio se le ha dado un trámite irregular”, dice.

Más allá de que el acuerdo sea justo o desbalanceado para el país, y que haya ambigüedad por la forma como se tramitó, ya está firmado.  El acuerdo tiene vigencia por un período inicial de diez años y cualquiera de las partes tienen derecho a terminarlo al final de los diez años, mediante notificación escrita y enviada por vía diplomática, pero con un año de antelación. En su artículo 14 también dice que "las controversias no se remitirán a ninguna corte o tribunal nacional o internacional u organismo similar ni a terceros para su resolución”, sino que se resolverá por acuerdo mutuo entre las partes.

“El costo de terminar este acuerdo para las relaciones entre ambos países sería enorme”, señala Isacson y por eso no cree que Petro pueda terminar el acuerdo si es elegido Presidente tan rápidamente. Ni siquiera Rafael Correa lo hizo. Tuvo que esperar a que se venciera el término del convenio que su país había firmado. Aunque el candidato del Polo sostiene que por ser “ilegal”, desde el punto de vista del derecho internacional, sí es posible reversarlo. No obstante, no basta con la voluntad política para hacer efectiva esa promesa de campaña.