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Las cuentas sin sanciones

Mientras los magistrados del Consejo Nacional Electoral sean nombrados por el Congreso será difícil que tengan la suficiente autonomía para investigar y sancionar a los partidos que violan la ley. Tercera parte del informe "Las cuentas pendientes del 2006".

Octubre 29 de 2009
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Las cuentas sin sanciones
Estado de las investigaciones del CNE por violación de normas en las campañas de 2006

Toda la información detallada de cuánto dinero recibió cada candidato, quienes aportaban a su campaña y cómo se gastó el dinero quedó guardada en los archivos de los partidos en 2006. “Con esa resolución se perdió cualquier tipo de control sobre las campañas”, dice Jose María Sarmiento, el Director del Fondo de Campañas del CNE. Se refiere a la resolución 157 de 2006 en la que los partidos presentaban los informes de manera consolidada y resumida pero el CNE no recibió una relación detallada de lo que cada candidato había recibido y gastado, y de lo que entregó a su partido.


Transparencia por Colombia hizo el esfuerzo de solicitar a los partidos que entregara información sobre la financiación de unos candidatos específicos, pero sólo algunos la entregaron. (Ver lista) Los partidos argumentaron que no estaban obligados a publicar esa información. La Misión de Observación Electoral (MOE) también quiso averiguar, inútilmente, qué tipo de dinero había entrado a las cuentas de las campañas y cuanto se habían gastado los candidatos en 2006.

El CNE estableció, mediante la resolución No. 0382 de 2006, los Tribunales de Garantía y Vigilancia Electoral. Estos eran integrados por un grupo de ciudadanos ad honorem y designados por el CNE, que recibían las quejas e irregularidades que se presentaran en los partidos durante las campañas. “Los tribunales no tenían mayor importancia porque sus competencias eran muy limitadas,” dice el ex magistrado Antonio José Lisarazo.  Añade que los miembros de los tribunales se limitaban a remitir las quejas a las entidades competentes, pero que no entregaban informes ni auditaban las finanzas de las campañas.


El CNE ha abierto 57 investigaciones a candidatos y partidos que violaron las reglas del juego en la campaña al Congreso y a la Presidencia de 2006, y hay otras 10 en proceso de evaluación, para ver si empiezan etapa de indagación preliminar. De estas investigaciones, 27 son por abusos en publicidad, 12 por violación de topes, y 25 por no presentar informes.


Pero de todos los procesos de investigación los magistrados del CNE solo han impuesto 18 sanciones, en su mayoría por no presentación de informes, y una por abusos en publicidad, pero no hay ninguna sanción por violación de topes. (Ver gráfica) “Es un secreto a voces que todo el mundo se vuela los topes pero casi nadie es sancionado por esto”, dice Nicolás Montoya de la MOE. 
La razón es porque si se comprueba que se violaron los topes en las campañas el partido puede perder la personería jurídica. La Corte Suprema compulsó copias el año pasado al CNE, luego de escuchar el testimonio del congresista Teodolindo Avendaño sobre los reportes de su campaña al 2006.


Esto fue lo que dijo el congresista vallecaucano en indagatoria: "Como no resulté elegido solamente reporté una tercera parte, más o menos, de la inversión que se hizo. Lo manifesté ayer en el Valle del Cauca, hacer política cuesta mucho. Me contaba uno de mis compañeros de lista que él se había gastado más de mil millones de pesos y solamente reportó 100 o 150 millones de lo que invirtió. En el Valle todos hacemos lo mismo y quiero agregar que de los préstamos que Yidis me hizo para mi campaña, parte también de esto tenía que utilizarlos para tapar otros huequitos, que así llamamos las deudas en el Valle del Cauca."


El proceso que ha abierto la CNE contra el Partido Conservador Colombiano es por la no presentación completa del informe de ingresos y gastos, más no por violación de topes.


Entre las investigaciones por violación de topes que fueron archivadas por el CNE está la del ex presidente del Congreso, Miguel Pinedo Vidal, quien fue acusado por la Fiscalía por vínculos con paramilitares y enfrenta un juicio. El proceso lo estaba manejando el presidente del Consejo, el magistrado uribista Óscar Giraldo Jiménez.

Mientras los magistrados del Consejo sean nombrados por el Congreso será difícil que tengan la suficiente autonomía para investigar y sancionar a los partidos que violan la ley.


Uno de los procesos que está en juego, desde el año pasado, es el de las 10 cuentas del Partido Liberal. La firma de auditoría BDO AUDIT AGE S.A. emitió un concepto negativo sobre lo que presentó el partido en sus informes de listas a la Cámara en los siguientes departamentos: Antioquia, Atlántico, Chocó, Caldas, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, y Valle del Cauca. La firma dijo que al evaluar el reconocimiento de gastos, el valor entregado superaba lo gastado. La magistrada Adelina Cobo de Guerrero, quien fue nombrada por Cambio Radical y el Partido Liberal, es quien tiene que tomar la decisión de abrir la investigación y tendrá que probar su independencia o enfrentar una posible recusación por conflictos de interés en caso de que decida no investigar a su partido.


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