“Prometo consolidar el país de propietarios rurales

El presidente Alvaro Uribe.

A principios del cuatrienio, el gobierno se propuso titular anualmente 40.300 hectáreas a familias desplazadas. Era una meta conservadora, teniendo en cuenta que según las investigaciones del grupo de seguimiento al desplazamiento forzado que creó la Corte Constitucional, a los campesinos colombianos les ha sido arrebatadas más de 5 millones de hectáreas, un área equivalente al territorio que tienen sumados Cundinamarca y Valle del Cauca.

Aún así, el gobierno Uribe entregó en 2007 24,914 hectáreas; en 2008, sólo adjudicó 2.623 has. y lo que va de 2009, apenas 2.650, según cifras de Sigob, el Sistema de Gestión y Seguimientos a las Metas del Gobierno. Es decir, se quedó muy corto incluso para cumplir con la modesta meta de entregar 120 mil hectáreas en tres años, pues solo lleva 30 mil y ya se termina el 2009.  

El éxodo de los desplazados se prolonga. Según Acción Social, en julio de 2009, el registro único de desplazados alcanzó 3 millones 73 mil personas, mientras que para Codhes, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, supera los cuatro millones y en 2008 aumentó en un 24.4 por ciento respecto al año anterior. Esto significa que más campesinos colombianos están perdiendo sus propiedades y las metas del gobierno se quedan cortas frente a un problema cada vez más grave.

Hoy muchos de estos millones de colombianos aún no tienen títulos de sus tierras, no desarrollan proyectos productivos ni tienen un esquema de gestión asociativa. Se han refugiado en el interior y al exterior del país, casi siempre viviendo como mendigos, o en el rebusque, y no tienen garantías de recuperar  y regresar a sus parcelas.