El pasado contractual de Santos

El ex ministro Santos a bordo de uno de los aviones Tucano

Cuando Juan Manuel Santos llegó al Ministerio de Defensa creó un ambicioso plan de inversión y fortalecimiento de las fuerzas armadas sin precedentes en Colombia, que cambió la forma de operar las tropas y permitió operaciones exitosas contra las Farc y narcotraficantes.

Para financiar este plan,  el Consejo Nacional de Política Económica y Social ( CONPES)  aprobó recursos extraordinarios por 8,25 billones de pesos para la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática para ejecutar entre 2007 y 2010. Es una cifra récord para gastos de defensa en Colombia. En 2007 empezó el proceso de contratación para adquirir equipos y servicios. (Ver lista completa de los equipos y servicios que el gobierno compró para cada fuerza)

Según lo explicó el ex ministro Santos en un documento titulado “Fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública, Recursos Extraordinarios 2007-2010”, se celebraron 29 convenios de Cooperación Industrial por un monto superior a los 1.257 millones de dólares con varias empresas extranjeras con las que se llegó a distintos tipos de acuerdos o contratos para adquirir armamento.

El decreto 855 de 2004, reglamentario de la ley 80 de 1993 definió los bienes y servicios de la defensa y seguridad nacional que se pueden contratar directamente, sin licitación. Posteriormente, la Ley 1150 de 2007 y su decreto reglamentario 2474 de 2008, determinó cuales de estos bienes y servicios necesitan reserva para su adquisición. (Ver explicación completa de cómo funciona el proceso de contratación según la ley)

Según la ley, el Ministerio tiene la potestad de contratar directamente con compañías extranjeras fabricantes buscando adicionalmente una compensación conocida como offsets. Este fue uno de los legados que Santos logró dejar como una política de gobierno, a través de la directiva ministerial No. 14 de 5 de julio de 2007. Con esta nueva política, las empresas extranjeras proveedoras de equipos también pueden hacer transferencia de la tecnología a los países compradores para que puedan hacer  mantenimiento a los equipos en ese país, o permite a estas empresas extranjeras proveedoras invertir o subcontratar a firmas privadas colombianas, entre otras formas de compensación. Los offsets tienen como fin incentivar la industria nacional y crear oportunidades de negocios en el mercado de seguridad y defensa.

Estos acuerdos, sin embargo, solo se hacen cuando la compra es superior a 1 millón de dólares, para equipos de seguridad y defensa, y para compras de municiones superiores a un valor de 5 millones de dólares. Al interior de las fuerzas armadas hubo resistencia para implementar los offsets, a pesar de que es una figura ampliamente usada por otros países como Brasil. La razón es que los contratos con offsets pueden resultar hasta 5 por ciento más caros, porque las compañías al entregar la tecnología están aportando un valor agregado que solo se verá a largo plazo.

 
Otra modalidad de contratación directa que utiliza el Ministerio de Defensa son los acuerdos gobierno a gobierno. Con los Estados Unidos, por ejemplo, funcionan acuerdos conocidos como LOA. En teoría, en este tipo de acuerdo, ese país abre una licitación a distintas compañías proveedoras, pero las compañías no saben a qué país van dirigidos sus equipos y Estados Unidos tampoco le dice al país comprador qué empresas participan en esa licitación.

 
Fue un acuerdo tipo LOA lo que despertó las sospechas del periodista Gerardo Reyes del diario El Nuevo Herald. Reyes publicó un artículo que puso en duda la gestión y transparencia del entonces ministro Santos en uno de esos acuerdos. Su trabajo periodístico realizado mucho antes de que Santos fuera candidato, ahora está circulando en internet como un correo masivo, cuyo mensaje indica que no se debe votar por el candidato.

Según la investigación, publicada en mayo de 2009, Santos es amigo del empresario Felipe Jaramillo, quien representa a compañías extranjeras fabricantes de armas y otros equipos militares. El artículo afirma que el ministro antecesor de Santos había  suscrito un contrato para la compra de equipos de detección térmica conocidos como Flir Star Safiro con la firma Alfonso Jaramillo y Cía de la cual, según el Herald, es socio Felipe Jaramillo. Luego explica que cuando Santos fue ministro de Defensa, altos oficiales de las Fuerzas Armadas quisieron impedir que se contrataran los equipos pues basados en un estudio técnico, recomendaban otros equipos con un sistema superior. Pero Santos intervino para impedir que se reversara el acuerdo.

También hubo quejas por parte de otros contratistas que la firma de Jaramillo se ganó un contrato para proveer al ejército de pistolas SIG Sauer, a pesar de que en dos ocasiones un comité técnico evaluador dijo que estas armas no cumplían con especificaciones técnicas y se declararon desiertas dos licitaciones.

El ex ministro Santos le respondió al periodista que estos contratos habían sido adjudicados por el ex ministro que lo antecedió, Camilo Ospina, y que él pidió al Consejo de Ministros declararse inhabilitado en los procesos contractuales por su cercanía con Jaramillo, pero el consejo no lo aceptó.  Además, explicó que en las decisiones frente a los contratos con la firma de Jaramillo primaron en sus decisiones el criterio de estandarización de equipos al interior de las fuerzas y las reglas del proceso para modificar acuerdos con otros países dentro del Ministerio. (Ver respuesta completa de Santos a las preguntas de Gerardo Reyes)

La oficina del zar anticorrupción Oscar Ortiz recibió la denuncia sobre estos contratos el 3 de marzo de 2009 e hizo un análisis de la misma, pero consideró que las explicaciones y respuestas del Ministerio de Defensa eran satisfactorias. No obstante, envió copia de la denuncia el 26 de mayo de 2009 a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía.

El 16 de febrero de 2010, la Contraloría emitió una resolución que archivó el grueso de las denuncias  por considerar  que no existían elementos constitutivos para determinar la responsabilidad fiscal. Sin embargo, determinó que el proceso de compra de los helicópteros modelo Huey-II, continúa en investigación.

Por otro lado, la Procuraduría Delegada Auxiliar de Asuntos Disciplinarios inició el 20 de abril de 2009 un estudio preliminar de las denuncias por irregularidades con las contrataciones del sistema FLIR STAR SAFIRO III, la pistola SIGSAUER y los helicópteros HUEY II BELL 412, cuyas compañías representa el señor Felipe Jaramillo.

 
Como la gran mayoría de estos contratos son reservados, es difícil hacer veeduría. Los contratos han contando con la aprobación del Acuerdo de Comandantes integrado por el Ministro de Defensa, los Viceministros de Defensa, el Comandante General de las Fuerzas Armadas, los comandantes de cada fuerza, el director de la Policía Nacional, el Jefe de Estado Mayor y el Secretario General.

Santos ha defendido el procedimiento de los contratos del Ministerio argumentando que han seguido además las recomendaciones de una Comisión de Ética y Transparencia, conformada por empresarios, representantes de universidades, presidentes gremiales y ex ministros de Defensa, que aparentemente también cuenta con la presencia del Contralor y el Procurador General de la Nación. El Conpes indica que esta comisión se creó por cuatro años para hacer alertas tempranas, y sugerir correctivos cuando lo requiera. Esta comisión recomendó que se buscaran hacer convenios gobierno a gobierno por considerarlos más “transparentes”.

La mencionada comisión solo está presente en la fase inicial de los procesos técnicos y contractuales, luego recibe informes periódicos de gestión que debe enviarle la Oficina de Control Interno del Ministerio de Defensa y también los posibles informes  que produzcan los organismos de control. La responsabilidad y veeduría de estos procesos en realidad queda en manos de estas instituciones por su carácter reservado.