El Congreso que elegimos

Cuando faltaban apenas seis meses para las elecciones legislativas, el Gobierno Nacional impulsó una reforma política que, a través de un parágrafo transitorio, permitió que un político se cambiara de partido por una sola vez, sin que fuera sancionado por doble militancia.

Este cambio en el sistema de partidos, conocido como transfuguismo o ‘voltearepismo’, incentivó una desbandada en los partidos políticos con miras a las elecciones legislativas del 14 de marzo, así como de las elecciones territoriales de 2011 para alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Por ejemplo, el representante a la Cámara por el Valle Roy Barreras dejó Cambio Radical para irse a las toldas del Partido de la ‘U’, mientras Édgar Gómez Román, el presidente de la Cámara de Representantes, dejó el Partido Convergencia Ciudadana para regresar al liberalismo.

En medio de esta transición, el Partido de la ‘U’ resultó siendo el más beneficiado tras recibir nueve senadores y once representantes de otras colectividades. Así mismo le sucedió al Partido Conservador, que recibió a cinco senadores y seis representantes provenientes de otros partidos. Los más afectados fueron Cambio Radical, que perdió 11 senadores, y Convergencia Ciudadana, de donde se fueron tres senadores y dos representantes. Ni decir de los pequeños partidos como Colombia Democrática, Colombia Viva y Alas Equipo Colombia que desaparecieron por perder representación.

Al finalizar el mes de septiembre de 2009, tres partidos decidieron realizar una consulta interna popular para que los ciudadanos seleccionaran los candidatos a la Presidencia, los principales candidatos a las listas de Congreso y confirmaran su representación en los directorios políticos. Fue el caso del Partido Liberal que eligió a su candidato presidencial y autoridades internas para los directorios, consejos municipales de juventudes, delegados ante la convención nacional y veedores del partido en las regiones. Por su parte, el Polo Democrático Alternativo eligió a su candidato presidencial entre tres aspirantes, y el Movimiento Mira a sus candidatos al Senado y Cámara de Representantes.

Mientras los novatos políticos buscaban el aval de algún partido, el movimiento Convergencia Ciudadana comenzó un proceso de ‘reencauche’ desde el mes de octubre. Utilizando la misma personería jurídica del movimiento creado en Santander, pasó a llamarse Partido de Integración Nacional (PIN). Sus militantes argumentaron que el cambio obedecía a un ánimo de renovación, pero en realidad terminó recibiendo a quienes no conseguían avales en otros partidos. El PIN se convirtió en una mezcla de miembros del entonces Convergencia y del partido Alianza Democrática Nacional (ADN), impulsado por los Abadía en el Valle, que utilizó la personería jurídica de Colombia Viva.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral le quitó la personería jurídica el 28 de enero de 2010, y gran parte de su gente fue a parar al PIN, al igual que la mayoría de políticos cuestionados, que no fueron aceptados en los otros partidos.

Otro partido cuestionado en estas elecciones fue Apertura Liberal-DMG. El partido nació en Norte de Santander y sus líderes acogieron a quienes fueron expulsados de otras colectividades por parapolítica, e hicieron una alianza con el empresario de las pirámides, David Murcia Guzmán, condenado por los delitos de captación ilegal de fondos y lavado activos. Como parte de la alianza, su hermano, Cristian Murcia Guzmán, encabezó la lista al Senado por este partido.

Por eso estas elecciones fueron llamadas las de la política en ‘cuerpo ajeno’. Es decir, los candidatos representaron a los familiares o amigos de congresistas o empresarios investigados por parapolítica, el proceso 8.000 o delitos de corrupción (ver nota 1, nota2 y nota 3 ). Entre los casos sonados de la política en ‘cuerpo ajeno’ están los de Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilse López Romero, ‘La Gata’, quien tiene medida de aseguramiento por los presuntos delitos de conformación de grupos ilegales y homicidio.

También el de Doris Vega, esposa del fundador de Convergencia Luis Alberto Gil, detenido en La Picota mientras se le investiga por parapolítica, y el de Teresita García Romero, hermana de Álvaro ‘El Gordo García’, recién condenado a 40 años por parapolítica, homicidio y peculado.

Julio Alfonso López, Doris Vega y Teresita Romero recibieron los avales del PIN. Eso explica por qué durante el proceso electoral los candidatos presidenciales se negaron a recibir apoyo de este partido y rechazaron públicamente cualquier alianza. A pesar de su fama y las denuncias de que algunos candidatos de este movimiento derrochaban dinero en campañas costosas, el 14 de marzo este partido sumó 907.468 votos en el país, logrando 9 curules para el Senado y 16 en la Cámara de Representantes, distribuidas entre Santander, Cesar, Magdalena, Nariño, Sucre, Valle del Cauca, Bolívar y Boyacá. Además, dos movimientos ‘apéndices’ del PIN ganaron las dos curules de la circunscripción nacional de negritudes. Con estos resultados, este partido se convirtió en la cuarta fuerza del Congreso.

Pero el PIN no fue el único señalado por dar avales a familiares de investigados o condenados por parapolítica u otros delitos. Los partidos de la ‘U’, Conservador, Liberal y Cambio Radical también los recibieron entre sus toldas. Por ejemplo, el senador electo por el Partido de la ‘U’ Bernardo Miguel Elías Vidal, es sobrino y heredero político de José Ramón Elías Nader, quien estuvo preso por el Proceso 8.00La representante electa por el Partido Conservador Lina María Barrera, es esposa del ex congresista Iván Díaz Mateus, quien es investigado por el escándalo de la ‘Yidispolítica’. Y Arleth Casado, quien sacó una altísima votación como candidata al Senado por el Partido Liberal, es la esposa de Juan Manuel López Cabrales, condenado por parapolítica.

Además de la política en cuerpo ajeno hubo dos cuestionamientos adicionales: algunos de los candidatos fueron apoyados abiertamente por funcionarios públicos, y hubo denuncias de que algunos manipularon a los beneficiarios de programas de subsidios como Familias en Acción.

Frente al último caso, la ong Global Exchange (ver nota1 y nota 2), que lideró la observación internacional de los procesos preelectorales en Colombia, halló una extraña coincidencia entre el aumento de subsidios de Familias en Acción y el aumento de votos obtenidos por los partidos cercanos al oficialismo. Fueron los casos, por ejemplo, de los miembros del Partido de la ‘U’ Dilian Francisca Toro en Valle del Cauca, Piedad Zucardi en Bolívar, y de Efraín Torrado, en Norte de Santander.

A estas coincidencias estadísticas se les suman las denuncias realizadas por algunos ciudadanos ante la Unidad de Reacción Inmediata Electoral, Uriel, en las que advertían presiones para votar por los candidatos de la coalición, a cambio de no perder los subsidios. Votebien documentó casos en Atlántico y Santander.

Ganó la coalición

Cuando llegó el 14 de marzo, los resultados no fueron sorpresa para quienes entendieron que la reforma política y ocho años de gobierno de Álvaro Uribe habían consolidado las bancadas de la coalición. En orden, la mayoría de escaños quedaron distribuidos entre los partidos de la ‘U’, Conservador, Liberal y Partido de Integración Nacional (PIN).

Mientras que la ‘U’ y el Conservador aumentaron el número de congresistas elegidos en 2006, el PIN se posicionó como la cuarta fuerza del Congreso. Por su parte, el Partido Liberal se mantuvo con casi igual número de escaños, mientras el Polo Democrático y Cambio Radical redujeron sus bancadas. Las sorpresas fueron el triunfo del Partido Verde, que logró ocho escaños, y la derrota del movimiento Compromiso Ciudadano por Colombia, de Sergio Fajardo, que no logró el umbral.

La Alianza Social Indígena, que se había sumado al proyecto político de Fajardo, ganó las dos curules de minorías indígenas en el Senado. La curul de indígenas en la Cámara está por definirse, porque el voto en blanco ganó con mayoría absoluta. En estas elecciones particularmente, no se entregará la curul de minorías políticas porque ningún partido cumplió con los requisitos.

Los congresistas con mayor votación fueron Juan Lozano y Dilian Francisca Toro, del Partido de la ‘U’; Gilma Jiménez, del Partido Verde; Jorge Robledo, del Polo Democrático, y Arleth Casado, del Partido Liberal. Los partidos que perdieron su personería, a pesar de haber logrado elegir algunos representantes, fueron Alas , en el que se habían aglutinado varios ex militares y políticos cuestionados rechazados por otros partidos, y Apertura Liberal por no alcanzar el umbral, y Alianza Social Afrocolombiana y Movimiento Afrocolombiano, por perder las elecciones en la circunscripción de negritudes. Además ADN y Colombia Democrática no se presentaron a la contienda. Los dos movimientos de negritudes que entraron fueron el Movimiento Popular Unido (MPU) y Afrovides.

Por primera vez, los colombianos eligieron la bancada colombiana en el Parlamento Andino. Las cinco curules quedaron distribuidas así: dos para el Partido de la ‘U’, una para el Partido Liberal, una para el Conservador, y una para el Polo de Democrático Alternativo. La participación en esta elección fue especialmente baja, ya que sólo 7 millones de colombianos depositaron este voto en las urnas, e incluso el voto en blanco, que fue de un millón cuatrocientos mil, superó cualquier votación obtenida por los partidos.

Lo que viene

Los resultados de las elecciones legislativas y la posterior formación de la llamada alianza de unidad nacional, le entregaron al nuevo Presidente el apoyo de más del 85 por ciento del Congreso, sumados los parlamentarios elegidos por los partidos de la ‘U’, Conservador, Cambio Radical, la mayor parte del Partido Liberal y posiblemente el PIN. Es muy probable que los representantes de pequeños movimientos, como Unidad Liberal, Alas, Apertura Liberal y los congresistas de la circunscripción de negritudes, también terminen sumados a la coalición.

Aunque esta situación genera una amplia gobernabilidad, también trae problemas por la repartición burocrática del poder. A tres semanas de que asuma el nuevo Congreso, el Partido Conservador ya ha exigido la Presidencia de la Cámara y la Vicepresidencia del Senado, en detrimento de las aspiraciones de los liberales, recién llegados a la coalición.

La mayoría en el legislativo puede extenderse en ciertos temas, ya que el Partido Verde y el Mira han anunciado que no ejercerán una oposición radical y podrían apoyar algunos proyectos del Gobierno. Estos dos partidos tendrán que plantear estrategias de trabajo y comunicación para fortalecerse si quieren sobrevivir en las elecciones de 2014, ya que la reforma política aumentó el umbral para mantener la personería jurídica al 3 por ciento y que hasta ahora había sido del 2 por ciento. Si se hubiera utilizado este nuevo umbral en las elecciones del 14 de marzo, el Mira hubiera desaparecido como partido y los Verdes hubieran pasado raspando.

Por su parte, el Polo Democrático, que vio mermada su participación en el Senado, será la única fuerza política que ejercerá una oposición radical a la coalición que respalda el Gobierno. La posibilidad de conformar una bancada bipartidista con los verdes es muy lejana, porque existen temas de discordia, especialmente en el área económica.

Diego Gómez, investigador de Congreso Visible, le dijo a Votebien que el comportamiento de la coalición puede tener matices, y Santos no tendrá un apoyo unánime todo el tiempo. “Como ocurrió en el Gobierno Uribe con la Ley de Justicia y Paz o el referendo reeleccionista, pueden aparecer temas que dividan a los partidos”, explicó Gómez.

Desde ya, se sabe que el nuevo Congreso tendrá que tramitar en su primera legislatura temas importantes como la reforma a la justicia y la reglamentación de la reforma política. Esta última tiene que definir las sanciones que tendrán los partidos políticos por aceptar en sus toldas a personas relacionadas con grupos ilegales, que según la Ley, puede ir de sanciones económicas a la pérdida de personería jurídica.

El trámite de esta reglamentación estará en la mira de la opinión pública, especialmente cuando es el mismo Congreso el que define las sanciones que tendrían las bancadas que lo conforman y cuando en la coalición nacional, existen más de 30 congresistas investigados por vínculos con los paramilitares. Esto, sin contar que aproximadamente el 10 por ciento del nuevo legislativo es señalado de ejercer como testaferro político de ex congresistas o empresarios relacionados con procesos judiciales relacionados con el paramilitarismo.