El lado flaco de la seguridad

Como precandidato del Partido Liberal, Rafael Pardo viajó a Medellín a un acto de campaña. Al llegar, un policía lo recibió y le informó que ese día no había seguridad para él porque el presidente Uribe estaba de visita en la ciudad y todos los miembros de la Policía, el DAS y el Ejército estaban ocupados cuidándole la espalda al primer mandatario. Al día siguiente viajó a Pereira y recibió una llamada de la Policía, informándole que tampoco había suficientes escoltas disponibles para él en el lugar. Incrédulo, preguntó si el Presidente se encontraba de nuevo en la zona. Le respondieron  que había un desmovilizado jefe paramilitar que requería seguridad especial y los hombres disponibles lo estaban custodiando.

En una  situación  similar se encontró Sergio Fajardo, quien tuvo que pedirle a sus amigos que le prestaran carros blindados durante el proceso de recolección de firmas, porque el Ministerio del Interior no le había aprobado estos vehículos.

Y Gustavo Petro ha escrito al Ministerio del Interior en varias ocasiones pidiendo un cambio de vehículo porque el carro blindado que le fue asignado a veces no enciende o no le funciona el motor.  Pero el Ministerio continúa sin responder a sus peticiones.

¿Qué está pasando con la seguridad de los candidatos?

En agosto de 2006, el presidente Uribe, por medio del Decreto 2816,  modificó el Programa de Protección que tiene como objeto velar por la seguridad de personas de grupos vulnerables: políticos, dirigentes de derechos humanos, y periodistas. Esta resolución ordena que las responsabilidades del DAS frente al Programa de Protección deben reducirse gradualmente hasta desaparecer completamente el 30 de diciembre de 2008, y que son el Ministerio del Interior y la Policía las entidades que deben asumir íntegramente esa protección.

El problema es que este esquema no está funcionando como lo esgrime el decreto. En primera instancia, el Ministerio, líder del programa, y supervisor del presupuesto no ha definido completamente las líneas de su política interna con respecto a esta materia. Algunos de los candidatos  se han quejado  del silencio o las continuas negativas por parte de este órgano cuando les han solicitado protección.

La Policía, que es la siguiente ficha clave, contribuye con hombres y voluntad. El general Oscar Naranjo, director general de la Policía envió una orden clara: “Toda la Policía Nacional se va a volcar con la seguridad de los candidatos a Presidencia, Senado y Cámara”. Pero el deseo choca con la realidad del país donde no existen los recursos suficientes.

Finalmente, el traspaso de poderes del DAS a la Policía va en cámara lenta. Once meses después de lo dictado por la Ley, el Departamento Administrativo de Seguridad continúa ofreciendo escoltas a los candidatos, mientras que paralelamente la Policía coordina con los candidatos los esquemas de seguridad. Este desorden institucional tiene como consecuencia grave una falta de garantías en la protección de los candidatos.

Silencio ministerial

David Escobar, jefe de campaña de Sergio Fajardo, habló con Votebien.com sobre las falencias del sistema: “Una vez que recibimos el estudio de seguridad que realiza la Dirección de Protección, solamente obtuvimos aplazamientos por parte del Ministerio del Interior”.

La primera de estas cartas fue en junio y cinco meses después no ha habido una respuesta favorable por parte del Ministerio. “En sus cartas nos dicen que aunque ya recibieron el estudio de seguridad, ellos procederán a hacer otro”, explica Escobar, y aclara: “La Policía está demostrando su mejor voluntad pero bien sea por falta de presupuesto o por lucha de poderes entre estos órganos las respuestas no están siendo las más adecuadas”.

La candidatura de Rafael Pardo, una vez salió vencedora de la consulta interna del Partido Liberal, solicitó un carro blindado y también pidió fortalecer sus equipos de comunicación. Un mes y medio después no ha habido respuesta por parte del Ministerio. “Seguimos sin tener una respuesta y lo más preocupante es que nosotros fuimos los que tomamos la iniciativa cuando tendría que haber sido al revés”, denuncian desde la campaña.

El caso de Gustavo Petro es aún más singular. Su esquema de seguridad es especial debido a unas medidas cautelares que le fueron aprobadas por la OEA y desde la campaña del candidato aseguran que “fue otorgado a regañadientes”.

Su equipo de seguridad está conformado por hombres del DAS, que a petición del propio candidato, son ex integrantes de grupos desmovilizados como el M-19 o el EPL y el otro grupo de escoltas son hombres de la Policía. A pesar de contar con un grupo importante de guardaespaldas la logística a veces no funciona. “Ha ocurrido que los escoltas se van de vacaciones y su reemplazo nunca llega. También es frecuente que lleguemos a una ciudad y no haya carros blindados disponibles”, explican desde el interior de la campaña.

“El presidente Uribe ha tildado a Petro como un enemigo para el país. Resulta irónico que sea su enemigo el que se encargue de brindarle protección”, explica el asesor del candidato consultado por Votebien.com.

Votebien.com consultó al Ministerio del Interior sobre lo que está pasando. Un vocero dijo que en el próximo Consejo de Ministros esperan definir una  política  con respecto a la seguridad de los candidatos.

“Resulta difícil entender que una entidad política como el Ministerio sea el encargado de manejar la seguridad de la oposición”, dice Javier Torres, experto en temas de seguridad y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Para Torres, esta coyuntura podría ser utilizada por teorías conspirativas que indiquen falta de voluntad del gobierno para ofrecer el respaldo necesario a los líderes de la oposición.

Esta incertidumbre de los candidatos afecta a todo el proceso de las campañas. “La inseguridad no sólo condiciona la movilidad e integridad física del candidato, sino que va más allá. Hace parte de la reciprocidad que debe existir con los ciudadanos, para que pueda haber apariciones en lugares públicos, y en definitiva haya una mayor interacción entre ciudadanos y candidatos en todo el proceso electoral”, concluye Torres.

El riesgo de ser candidato

La Dirección de Protección de la Policía, hizo un examen de nivel de riesgo a mediados de este año a todos los precandidatos y candidatos que se presentarán en las próximas elecciones. Para hacer ese análisis, un grupo de expertos se reunió con cada candidato, y estos  explicaron sus principales preocupaciones en materia de seguridad. Después, visitaron el lugar donde viven y oficinas de campaña para estudiar la vulnerabilidad de los edificios. Seguidamente presentaron los informes y un comité evaluador analizó cada punto.

Esta Dirección de Protección recibió toda la información con un cronograma de actividades de los aspirantes y estableció el sistema de seguridad a seguir con cada uno. Esta información fue enviada al Min Interior que  tiene la última palabra y decide qué hacer con el análisis recibido.

La Policía, después de la evaluación de riesgo, los clasificó dentro de la categoría de ‘extraordinario’ por su actividad y antecedentes políticos. Es decir que se encuentran bajo amenaza. Esta situación no debe ser tomada a la ligera. Aún cuando las pasadas elecciones regionales de 2007 pasaron  a la historia como las menos violentas de la última década, 25 candidatos fueron asesinados  y otros diez fueron secuestrados. 

 
Las amenazas a los  candidatos políticos  provienen de diversos grupos ilegales que buscan  intimidarlos  y de este modo influir en la política del país. El coronel William Salamanca, coordinador general de la Dirección de Protección de la Policía, explica que la mayoría de estas amenazas son de las Farc. El narcotráfico, los grupos armados y la delincuencia común se suman también a esta lista de grupos que amenazan todo el proceso de las campañas.

El nuevo ordenamiento en las instituciones responsables ocurre de manera pausada, aunque  las candidaturas entran en su etapa decisiva. Las decisiones que tome el gobierno, en la reunión de los próximos días, serán decisivas para ponerle eficacia al asunto y realmente garantizar lo mínimo que debe asegurar un gobierno en campaña: que todo el mundo pueda hacerla con la tranquilidad de que hay suficiente protección y que los mínimos de una democracia, aún asediada, se estén cumpliendo.