La dama de hierro tambalea

El silencio de la justicia tiene en jaque la campaña presidencial de Marta Lucía Ramírez. La Sala Plena del Consejo de Estado continúa, después de cuatro meses y medio, sin emitir sentencia sobre el caso de la ex senadora. Una resolución adversa podría inhabilitarla para ejercer cargos públicos y, por ende, acabar con sus aspiraciones a la presidencia. Hoy miércoles, el Consejo se reúne y de no haber un fallo, Ramírez podría retirar su candidatura a la presidencia en las próximas semanas.

El proceso vuelve a estar en la agenda del día y la Sala Plena debería emitir sentencia. Pese a esto Ramírez y su equipo no son optimistas y aseguran que el caso se ha debatido dos veces sin que se haya llegado a un acuerdo. Si no hay resolución, sólo quedaría una reunión previa al inicio de vacaciones y, entonces, ya sería demasiado tiempo. Mientras se mantiene el enquistamiento dentro del CE, el futuro político de la precandidata es cada día más incierto.

La tardanza por parte del Consejo ha generado daños aun peores que una sentencia desfavorable. La incertidumbre no le ha permitió jugar sus cartas a la ex ministra de Defensa y Comercio, quien no ha podido luchar en igualdad de condiciones con sus rivales de partido.

“La procesión la ha llevado por dentro, pero a estas alturas ya le es imposible esconder lo mucho que esta situación la está perjudicado”, aseguran personas muy cercanas a su entorno. Desde agosto, su figura desapareció de la palestra pública y con ello los apoyos políticos y económicos.

“No me he sentido en posición de pedir dinero para la financiación debido a esta situación”, comenta Ramírez. Su equipo de campaña se ha reducido de forma importante su estado de ánimo está deteriorado.

Por otra parte, el tiempo perdido en política es irrecuperable y su candidatura ha cedido mucho terreno frente a  Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, los candidatos con más proyección dentro de los conservadores.

La precandidata conservadora decidió guardar silencio desde que se inició el proceso por “respeto a las instituciones”. Sin embargo, la situación se hace insostenible y aunque no ha hecho pública su intención de retirarse de la contienda electoral, no duda en asegurar que la tardanza por parte del CE “está afectando muchísimo la candidatura”.

En jaque por 10 millones

Todo empezó el 7 de julio de 2009, cuando la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la solicitud de pérdida de investidura de Marta Lucía Ramírez. El motivo fue haber celebrado, en representación de la firma Ramírez y Orozco, una orden de servicios con Bancoldex, sociedad cuyo capital depende, principalmente, del Estado. El valor fue de 10 millones de pesos como participación publicitaria en un evento del TLC. Esto ocurrió el 30 de septiembre de 2005, es decir, fuera del límite de tiempo que la Ley acuerda para celebrar este tipo de convenios, según el artículo 179 de la Constitución.

El inicio de la investigación le cayó como un baldado de agua fría. “Me llena de una profunda tristeza y me preocupa, debo confesarlo…por mi respeto profundo a las normas y al Estado de Derecho,  no puedo menos que lamentar profundamente que se haya tomado esta decisión”, declaró Ramírez momentos después de conocer la decisión.

Desde el Consejo de Estado aseguran que el retraso se debe a una congestión administrativa. Pero la Comisión Quinta del Consejo de Estado, quien investiga a la precandidata, está en el ojo del huracán.

A principios de septiembre se empezaron a ver los resultados de una investigación iniciada por la Procuraduría que denuncia corrupción en ciertos sectores del sistema judicial. El resultado es una completa radiografía de una organización dedicada a enriquecerse 'arreglando' fallos y 'orientando' asignaciones de procesos que cursan en el Consejo de Estado, particularmente, en la comisión quinta que es donde se resuelven los asuntos electorales accionados contra políticos.

Como parte de la investigación, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, anunció que el Ministerio Público asumirá las investigaciones según las cuales algunos empleados de la Sección Quinta del Consejo de Estado harían parte de una red de tráfico de influencias entre políticos, ex magistrados y abogados interesados en procesos y fallos que se tramitan en esa dependencia.

Marta Lucía Ramírez permanece optimista. “Si la sentencia responde únicamente a los argumentos jurídicos, ésta debe ser favorable”, asegura. Sin embargo, podría haber otros intereses en juego.

Las cartas de Ramírez

Existen algunas opciones que se barajan en el seno de su campaña, en caso de una sentencia contraria. Hay tres escenarios: si Uribe es el próximo presidente, éste le ofrecería un ministerio, su nombre formaría parte de la terna para nombrar fiscal o volvería al Senado.

Su trayectoria al frente de los Ministerios de Defensa y Comercio, y su reconocido fervor por el trabajo le han tejido una destacada reputación y una muy buena imagen. Sin duda, entraría dentro de la baraja de Uribe para asumir una cartera ministerial.

Otra opción es formar parte de la terna que debe presentar Uribe a la Corte para nombrar Fiscal. Sin embargo, Ramírez aseguró que ésta “no tiene fundamento y que su prioridad es la campaña”. El nombre de Ramírez sería bien recibido de igual forma por el presidente Uribe y por la Corte.

Aunque volver al Senado es la alternativa más remota porque depende igualmente de los términos de la sentencia, le permitiría seguir en el ruedo político. No es la opción que más le interesa a Marta Lucía Ramírez, pero no se puede dar por descartada.