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Los electores fronterizos

La doble nacionalidad de los votantes es eje de debate: ¿Prima el derecho al voto frente a la obtención ilegal de cédulas?
Diciembre 17 de 2009
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Los electores fronterizos

Quienes se pelean las dos curules en el Congreso tienen además un electorado bien polémico: los ciudadanos “fronterizos”. Si bien no hubo una masiva inscripción de cédulas, es un secreto a voces que los votos que vienen del otro lado de la frontera son fácilmente comprables.

 

Alan Zambrano, gerente de campaña del aspirante a la Cámara por el Partido Liberal Hernando Zambrano Pantoja, sostiene incluso que las elecciones se definen en Brasil y Perú. “Es común que el día electoral vengan botes desde Santa Rosa, Yahuma I y II, e Islandia (Perú), pero ellos son ciudadanos colombianos que tienen el derecho electoral y no se les puede negar su participación”, acota Zambrano. Según datos de la Gobernación entregados por los consulados fronterizos, en Perú hay 800 colombianos mientras en Brasil hay cerca de 2.200.

 

Como toda frontera porosa la doble nacionalidad es fácilmente adquirible. Para cedularse se necesitan dos testigos que certifiquen que la persona tiene residencia en Amazonas, hecho que ha permitido que los declarantes sean los mismos en varios procesos. En contraste, como el proceso de naturalización de residentes es mucho más complejo, en la Registraduría solo aparecen ocho votantes extranjeros habilitados para los comicios.

 

“Yo soy partidario de que se cierren las fronteras el día de elecciones, se lo pediría al Gobierno Nacional”, dice tajantemente el Gobernador Olbar Andrade. “Una persona que tenga cédula colombiana en el Brasil o en el Perú, aunque adquirida de manera ilegal, lo hace apto para votar, y no tiene ni el menor interés en qué tipo de persona llegue aquí a los cargos públicos. Es una persona fácilmente comprable que vota al azar y perjudica a los verdaderos colombianos”.

 

Paradójicamente una de las propuestas fuertes de Zambrano, quien fue parlamentario en 1994 y gobernador en 1999 (antes de terminar su periodo fue destituido por la Procuraduría por anomalías en la compra de una casa destinada para albergar a menores infractores), tiene que ver precisamente con la atención en salud en la frontera. “Los colombianos que viven en ambos países deberían tener un derecho pleno a la salud así que debemos sisbenizarlos (sic) porque vienen a atenderse sin seguro ni papeles, muchas veces desangrando el sistema”, dice el gerente de su campaña.

 

Éste no es un tema menor si se tiene en cuenta que el hospital San Rafael de Leticia atiende a nacionales de los tres países y, tiene una cartera de 3000 millones de pesos sin recuperar. El hospital le debe siete meses de sueldo a sus trabajadores, por lo cual está a punto de ser intervenido.


Jenny Manrique