La guerra de las vallas

El Senador Armando Benedetti del partido de la U, tiene literalmente inundada de vallas a Bogotá. Pese a que la ley establece que cada partido tiene derecho a 15 vallas por ciudad y que ningún candidato podrá hacer uso de más de diez, Benedetti ya se apropio de al menos ocho espacios en la capital, dejando menos de la mitad para repartir entre el resto de sus copartidarios.

Su jugada sigilosa responde a la pasividad misma de los partidos.Teniendo en cuenta que cada movimiento tiene cerca de 100 candidatos únicamente al Senado, la tarea de repartición de las vallas es un dolor de cabeza para los movimientos políticos. Benedetti tuvo incluso que retirar algunas por iniciativa propia, para no superar los topes.

En medio de la disputa, el Senador lanzó un ataque contra otro miembro de su partido, escribiendo en su Twitter: “Ahora que estoy en mi Caribe me he dado cuenta del pulso económico de José David Name. Qué montón de vallas por todos lados. ¿Cuánto costarán?”, se preguntaba irónico.

 
El deseo de Benedetti por posicionar su candidatura lo llevó a cometer una posible infracción al haber iniciado su campaña antes de lo permitido por la Ley, según una denuncia que tiene pendiente en el CNE.

“Armando volvió marca su apellido y logró lanzar una campaña muy atractiva”, explica Camilo Rojas, asesor estratégico de campañas. El afán por las vallas responde a “una necesidad para generar presencia más no es un recurso para la persuasión del voto”, agrega. 

En otras ciudades la situación es similar. En Ibagué, la Alcaldía retiró varios pasacalles y ordenó que se desmontaran siete vallas correspondientes al Partido de la U, ADN, PIN y al Partido Liberal. En doce lugares hay vallas que no cumplen con las especificaciones. La aspirante al Senado Leonor Serrano del partido Cambio Radical, el candidato Jorge Humberto Medina del Partido Integración Nacional, PIN y el movimiento político ADN, fueron requeridos por las autoridades para que retiren sus vallas. Igualmente habría anomalías con los candidatos Camilo Sánchez y Juan Manuel Galán del Partido Liberal, según informó el Diario Nuevo Día de Ibagué.

Sin embargo, desde la campaña de Juan Manuel Galán se informó a Votebien que no existe ningún requerimiento para que retiren su publicidad y que esto es imposible ya que ellos todavía no han iniciado su campaña. El incidente ocurrido en Ibagué está relacionado con su fórmula a la Cámara, quien tenía publicidad al interior de su sede."Él retiró la publicidad tan pronto cómo supo que eso no estaba permitido", explicó el senador Galán. 

En Bucaramanga, el 29 de diciembre, el diario Vanguardia Liberal titulaba: “Toda la propaganda electoral que hay en la ciudad es ilegal”. En el artículo se denuncia que la propaganda electoral empezó a principios de diciembre, antes de lo permitido por la Ley.

Hecha la Ley hecha la trampa
La ley cojea. Candidatos, quienes prefieren no dar sus nombres, aseguran que habrá muchas irregularidades en las campañas y que quienes hacen trampa tienen calculado en sus presupuestos pagar las multas que les corresponden.

El monto de la multa por incumplimiento varía entre los 9,5 y 95 millones de pesos. Según fuentes del CNE, el costo depende de tres factores: la gravedad de la falta; las reiteraciones en la falta; y las características del personaje: si es muy visible tiene mayores responsabilidades y exigencias. Sin embargo, por experiencias anteriores, se puede afirmar que las multas en caso de que se hagan efectivas, suelen llegar después de las elecciones.

Los aspirantes al Congreso vieron aumentado su presupuesto para invertir en campaña publicitaria con respecto a hace cuatro años. Para el Senado se pueden invertir 675 millones de pesos, 225 millones más. Y para la Cámara, en el caso de Bogotá, 531 millones, 177 millones más. “Este aumento va en contra del espíritu de la Constitución”, afirma Francisco Azuero, analista económico de los Andes. “El incremento en los topes es muy alto y esto supone una brecha aún mayor entre los candidatos”, puntualiza.

Otro aspecto importante para Azuero es la subida del monto fijado para la reposición de votos en 4.217 pesos, un 18% más que hace cuatro años. Si bien la normativa electoral establece que la reposición de votos no podrá ser mayor a lo invertido, dicho aumento puede ser un estímulo más a la hora de hacer campaña.

Lo cierto es que a pesar de los numerosos controles (la Secretaria Distrital de Ambiente comenzará una serie de operativos en los días venideros), las sanciones se han reducido a ordenes para retirar las vallas y hasta el momento ningún candidato ha pagado multa alguna.