'Declarar el holocausto del Palacio de Justicia como delito de lesa humanidad para que se re abran los procesos del M-19'

Andrés Felipe Arias propuso que la Fiscalía declare los hechos del Palacio de Justicia como delito de lesa humanidad, situación que podría permitir la apertura de procesos judiciales en contra de ex integrantes del M-19.

Arias agrega en su propuesta que si no logra que se abran las investigaciones, buscaría un indulto para los militares que están vinculados a procesos judiciales por la retoma del Palacio. “No puede ser que quienes atacaron atrozmente a Colombia en ese entonces hayan sido perdonados e indultados de cualquier justicia o reparación, mientras que los oficiales que nos defendieron están siendo perseguidos y humillados” dijo Arias en su discurso de lanzamiento de su política de seguridad en Florida Valle, en diciembre de 2009.

La propuesta de Arias ya se cumplió parcialmente con la apertura de la investigación por la muerte del magistrado Carlos Urán, ocurrida en la toma del Palacio de Justicia en 1985, según el ex magistrado de la Corte Suprema Hernán Galán. “Ese crimen ya prescribió y la única manera de que la Fiscalía abriera un proceso es declarando los hechos del Palacio como delitos de lesa humanidad. La apertura de la investigación es una declaración tácita en ese sentido” dijo Galán.

El ex magistrado aclara, que aunque la Fiscalía re abra los procesos, la propuesta de Arias no es viable en materia jurídica porque la ley que establece que los delitos de lesa humanidad nunca prescriben se aprobó en 2002, mientras que el indulto que recibió el M-19 ocurrió en 1989.

Galán explica que la ley de 2002 no se puede aplicar retroactivamente y que al entregarles el indulto a los miembros del M-19, sus procesos con la justicia se consideran cosa juzgada.

En cuanto a la posibilidad de entregar un indulto a los militares que están vinculados en procesos judiciales, Galán señala que las razones que no hacen viable la propuesta de Arias son más políticas que jurídicas. “En la naturaleza del indulto existen motivos de conveniencia publica, siempre ligados a proceso de paz o a desmovilizaciones parciales de grupos armados. Ese no es el caso de los militares” explica Galán.

Juan Carlos Palau, experto en seguridad de la fundación Ideas para la Paz, le dijo a Votebien que la propuesta tiene obstáculos de tipo político, como la equiparación de las acciones de un grupo armado con la de miembros de las Fuerzas Militares del Estado. “En la lógica de los derechos humanos hay estándares más exigentes con el Estado, como posible violador de derechos, que con cualquier otro actor de la sociedad” señaló el experto.