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Hacia el final de la tarde de ayer medios de comunicación de Internet como lasillavacía.com y Twitter, dijeron que la ponencia de Sierra Porto consideraba que había vicios de trámite que hacen la iniciativa inexequible.
Caracol Radio estableció que la ponencia de 400 páginas del Magistrado había encontrado cinco vicios de procedimiento y de forma que hacen inconstitucional la convocatoria al referendo reeleccionista.
El primer vicio es el tema de la violación de los topes de los aportes personales. Sierra Porto dice que se violaron tanto los aportes que cada persona podía dar, que no era más que tres millones, y hubo aportes individuales que excedieron por mucho esa suma. Los topes globales no podían pasar de 340 millones y llegaron a 2000.
El segundo vicio señalado es que la expedición de la certificación por parte del Registrador era necesaria para iniciar el trámite del proyecto de ley y no se hizo antes de que empezara la discusión de la iniciativa en el Congreso. El Registrador Nacional en varias ocasiones dijo que certificaba la cantidad y validez de las firmas que respaldan el referendo, pero no las cuentas de su financiación.
De igual manera, el magistrado Sierra Porto considera que el cambio de texto de la pregunta para que una eventual reelección se pudiera aprobar para este año es otro vicio grave.
El cuarto punto es la realización de una sesión extraordinaria en el Congreso el 17 de diciembre de 2008 sin haber sido convocada en el Diario Oficial.
Finalmente Humberto Sierra Porto hizo énfasis en el grave error que constituyó el "transfuguismo", pues algunos congresistas de Cambio Radical se cambiaron al partido de la U un día antes de la votación del referendo, para no obedecer la disciplina partidista.
Los magistrados tendrán 60 días hábiles para discutir la ponencia de Sierra Porto en Sala Plena y definir si la aprueban, la modifican o la niegan. Las sesiones plenas sobre este tema comenzarán en cinco días hábiles y se espera que uno de los primeros puntos de discusión sea la posibilidad de convocar a los ciudadanos para que intervengan en las audiencias.