Occidente de Nariño: democracia en peligro

La intensidad del conflicto en el occidente de Nariño amenaza con impedir que miles de ciudadanos asistan a las urnas el próximo 14 de marzo. Aunque no hay denuncias sobre presiones de los grupos armados para que la población vote en favor de uno u otro candidato, la guerra entre las Farc, el ELN y los "Rastrojos" por controlar este corredor estratégico para el narcotráfico ha aislado a muchas comunidades de las campañas políticas y puede causar el traslado de cientos de mesas a los cascos urbanos de los municipios.

Aunque Nariño históricamente ha sido una zona con alta influencia de las Farc y el ELN, la situación de orden público empeoró con la llegada de grupos paramilitares que entraron a disputar las zonas bajas de la cordillera occidental. Ante la presión de la fuerza pública y las fumigaciones, parte de los cultivos ilícitos del Putumayo se trasladaron a esta zona, y la costa Pacífica nariñense se convirtió en uno de los principales puertos de embarque de drogas.

La guerra entre los grupos ilegales por controlar las rutas a la costa y el acoso de la fuerza pública ha disparado el desplazamiento y ha profundizado la crisis humanitaria en esta zona que se ha caracterizado por unos altos índices de pobreza, según explicó Zavier Hernández, asesor de paz y derechos humanos de la Gobernación de Nariño. Para Hernández, no hay indicadores que relacionen el agravamiento del conflicto en la región con la campaña electoral, pero inevitablemente hay efectos colaterales. "El conflicto ha confinado a varias comunidades, como varias veredas del municipio de Samaniego cercadas por minas anti persona. Si no pueden movilizarse para comerciar menos van a salir a votar" señaló Hernández.

Carlos Chávez, director del Comité de seguimiento electoral en Nariño y coordinador del programa de Seguridad Ciudadana del la Gobernación, discrepa con Hernández. Para Chávez, hay una relación directa entre el aumento de las acciones violentas y la cercanía con el proceso electoral. "Es una situación histórica, a medida que se acercan las elecciones, la guerrilla realiza más acciones. Además siempre hay presión para que la población bajo su influencia, normalmente en áreas apartadas, no salga a votar", dijo Chávez.

Dos semanas antes de las elecciones, la Registraduría departamental, solo había recibido una solicitud de traslado de mesas, en el corregimiento Plinio Oliveros en el municipio de El Charco. Sin embargo, un funcionario de la Registraduría departamental aclaró que la mayoría de solicitudes se reciben la semana previa a las elecciones. En 2006, 17 mesas, con un potencial de 2.559 votantes, tuvieron que ser trasladadas a los cascos urbanos en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Magüí, según el reporte de la Registraduría.

El riesgo de que vuelva a ocurrir esta situación es alto. Según Juan Carlos Sinisterra, personero de Magüí, los grupos armados son la autoridad en varios sectores rurales del municipio, donde es imposible votar. "Hace mucho tiempo que en la vereda Tortugo Miguel no se puede votar y no creo que esta vez vaya a ser la excepción," dijo el personero.

Además de limitar la participación de los ciudadanos, el traslado de mesas aumenta el riesgo de fraude. Según un informe de la Misión de Observación Electoral, MOE, la mayoría de municipios del occidente nariñense tienen un riesgo de anomalías electorales medio. Magüí, que en el 2006 tuvo que trasladar las mesas en las que estaba inscrito un cuarto de su censo electoral, tiene riesgo de anomalías electorales extremo, según el informe.

Además de los efectos negativos del traslado de mesas, existe un alto riesgo de que los grupos armados realicen acciones en contra del proceso el día de las elecciones, según explicó Raúl Vallejo, defensor del pueblo del departamento. "No se han recibido denuncias en temas electorales, pero reconocemos que existe un problema de restricción de movilidad que puede afectar la participación. La Defensoría departamental está alerta porque existe una alta probabilidad de perturbaciones en el orden público el día de las elecciones," dijo Vallejo.

En 2006, 64 mesas con un potencial de más de 13 mil votantes se vieron afectadas por acciones de los grupos ilegales el día de las elecciones, según un reporte de la Registraduría Nacional. Es evidente que las consecuencias del conflicto pueden restringir significativamente los derechos democráticos de las comunidades del occidente nariñense. Evitar que esto suceda es el reto que tienen las autoridades el próximo 14 de marzo.