En favor de la libertad de expresión

El Ministerio del Interior, tal y como es habitual en las fechas previas a las elecciones, emitió el Decreto 671 que establece unas normas para la conservación del orden público durante la jornada electoral. Dentro de las disposiciones, en las que se incluyen las restricciones a la propaganda electoral, manifestaciones y se establece la Ley Seca, también se determina que los medios no podrán informar en materia de orden público sin tener la confirmación oficial.

En la carta emitida por la FLIP se considera que: “este artículo contradice las normas constitucionales e internacionales, relacionadas con la libertad de expresión y el derecho fundamental al acceso a la información”. En la misiva se recuerda que la actividad periodística debe gozar de protección para garantizar su libertad e independencia profesional, descrito en el artículo 73 de la Constitución.

Teniendo esto en cuenta, el Decreto iría en contra de la Constitución porque le “impide al periodista publicar y difundir información que pueda conseguir de sus propias fuentes, así estas no sean oficiales. Esta restricción va en contravía de la libertad e independencia profesional de los periodistas que garantiza la Constitución”.

Según fuentes del Ministerio del Interior este es exactamente el mismo Decreto que se viene publicando desde las elecciones del 2002 y lo que se espera es que cualquier acto violento tenga la confirmación de fuentes oficiales tales como la Registraduría, alcaldías, gobernaciones, y demás entidades que dependan del Estado.

Para el Director Ejecutivo de la FLIP, Andrés Morales, es pertinente recordar que una de las principales funciones del periodista “consiste en investigar y ello implica confrontar fuentes con miras a dar una información completa y veraz. Esto supone que en el cubrimiento del orden público el día de elecciones, los periodistas tienen derecho a contrastar información con distintas fuentes, incluidas las oficiales, pero no le implica limitarse a ellas”, argumenta Morales.