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Un proyecto del CNE que pretende regular las encuestas electorales generó una gran polémica entre medios de comunicación y firmas encuestadoras, que recibieron la iniciativa como un intento de censura y una violación al Artículo 20 de la Constitución Nacional que consagra como derecho fundamental la libertad de información.
La magistrada Adelina Cobo, de Cambio Radical, fue quien presentó el proyecto que incluye prohibiciones como el control previo y no posterior a las encuestas, la prohibición total de divulgación de encuestas hechas por teléfono, la obligación de no realizarlas en los 10 días siguientes a la publicación de otra, que el envío de resultados sea simultáneo para el CNE y el contratante o la necesidad de aumentar las muestras para la encuesta cuando la diferencia en la intención de votos entre candidatos “sea pequeña”.
El borrador del proyecto fue “socializado” ayer en una reunión que duró tres horas en el Auditorio del CNE, a la que asistieron representantes de firmas encuestadores de distintas ciudades y de medios de comunicación. El acto se produjo horas después de que un primer texto de ese borrador hubiera llegado ‘filtrado’ a diferentes personalidades.
La discusión
El artículo segundo del borrador de resolución dice: “Debe remitirse previamente al Consejo Nacional Electoral las preguntas a formular al público, el universo en que se aplicará, la metodología a utilizar, la forma de selección de los entrevistados y las condiciones técnicas, con el objeto de determinar que las preguntas formuladas no induzcan a la respuesta…”.
Este artículo del borrador fue rechazado de manera casi unánime por los asistentes, debido a que podría constituirse en un acto de censura a la libertad de información. “Me parece estar viendo un retroceso a la Edad Media, para que una entidad tenga que proteger a unos votantes inocentes de la terrible maldad de los encuestadores”, dijo Carlos Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría.
Jorge Londoño, el presidente de Gallup Colombia, añadió que la reglamentación existente en Colombia es suficiente para ejercer control a la realización y divulgación de encuestas. “No me gusta nada de este proyecto y no considero que sea necesario”, dijo.
César Valderrama, consultor de Datexco, aseguró que la norma se está basando en la "mala fe". Además planteó que si se regulan de esta manera las firmas encuestadoras, también se tendría que hacer con los medios de comunicación que manejan la información, con el Congreso, entre otros.
El representante de Ipso-Napoleón Franco, Carlos Indaburo, aseguró que los empresarios se sienten preocupados por este proyecto.
De otro lado, el presidente del JPG Investigaciones de Mercado, James Patiño, aseguró que este tipo de encuentros donde el Consejo Nacional Electoral cita a los empresarios, se toma como una oportunidad de participación. "Es importante que nos citen a este tipo de eventos, porque esta actividad debe ser regulada", dijo el empresario.
Hincapié aseguró que basado en el artículo 265-5 de la Constitución Política "...En verdad, tampoco podría hablarse de censura al permitirse al Consejo Nacional Electoral adelantaría dicha vigilancia, pues la censura se consolida sobre el ejercicio de la libertad de expresión, libertad que no está a la base de la pregunta, sino de la respuesta". "En este sentido, la norma no resulta contraria a la Carta".
Algunos de los mismos magistrados del CNE reconocieron que no están de acuerdo con apartes del texto, dijeron que apenas lo conocieron en su totalidad hoy y que tendrán en cuenta las opiniones conocidas en la reunión de socialización, para adoptar una postura definitiva. Son necesarios seis votos, de los nueve, para poder lograr la resolución.
¿Los motivos?
Desde la semana pasada algunos candidatos como Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras habían cuestionado los resultados de la última encuesta de Ipsos- Napoleón Franco, en la que ambos aparecen por debajo de otros candidatos que tienen menos reconocimiento entre el electorado. Petro envió una carta al Consejo Nacional Electoral pidiendo que revisaran esta encuesta.
Pero cuando los medios de comunicación conocieron la inciativa del CNE, cuestionaron que fuera justamente ahora, que las encuestas han demostrado un incremento importante en intención de voto del candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, que se quiera cambiar la reglamentación.
En la W radio, Felix De Bedout le preguntó al magistrado Marco Emilio Hincapié qué intención había por parte de la magistrada Adelina Cobo, que representa a Cambio radical y al Liberal, dos partidos cuyos candidatos no han marcado bien en las encuestas, al presentar ese borrador. El periodista le preguntó que cual era el magistrado que representaba al Partido Verde dentro del CNE.
Hincapié respondió que todos los magistrados representaban los intereses del Partido Verde, y que no compartía la interpretación de los periodistas. Añadió que la magistrada Cobo preparaba el borrador desde hace dos meses, y que para ellos este era un asunto científico y no político.
Hincapié añadió que el estudio de este proyecto se iba a demorar entre 20 días y un mes, y que por eso no era el momento para cambiar la regulación de las encuestas.