Participación en política y presión armada, los riesgos del domingo

En época electoral se dice que la dinámica de los comicios parlamentarios es totalmente diferente a la de los presidenciales y que los riesgos disminuyen sustancialmente. Si bien la premisa es cierta, autoridades y vigías electorales han alertado que en las elecciones de este domingo, cuando cerca de 30 millones de colombianos están habilitados para votar, el normal desarrollo de la jornada puede verse alterado en al menos 82 municipios de 19 departamentos.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del pueblo detectó que las FARC podrían interferir en la jornada electoral de 78 municipios mediante “paros armados, atentados con explosivos contra la infraestructura eléctrica, vial y de comunicaciones, bloqueos de vías que perturben el transporte interveredal, quema de urnas y hurto de material electoral”.

Según el Ministerio Público los departamentos en riesgo son Meta, Guaviare, Cauca, Nariño, Caquetá, Antioquia, Chocó, Tolima, Huila, Arauca, Norte de Santander, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca y La Guajira.

Las Farc publicaron una extensa carta el jueves en la página web de Anncol, en la que invitaron a los colombianos a no votar porque en su concepto todos los nueve candidatos presidenciales "prometen más gasto militar y más guerra".

“Es oscuro el horizonte que delinean estos aspirantes y por estas razones estamos convocando a la abstención", dijeron las Farc en su comunicado fechado en “las montañas de Colombia”, al tiempo que añadieron que "las propuestas, programas y compromisos con la nación han sido reemplazados por el ataque grotesco y vulgar".

La Defensoría también mencionó en su informe que los nuevos grupos paramilitares Águilas Negras, Los Paisas, Los Rastrojos, Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia – ERPAC, y las Autodefensas Gaitanistas o Urabeños, podrían afectar los comicios en 52 municipios de la costa Atlántica, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Meta, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca; mientras el Eln podría amenazar 29 localidades principalmente en Santander y Arauca.

No obstante en la última Comisión Nacional de Seguimiento al proceso electoral que tuvo lugar el jueves, la División Política la Fuerza Pública sostuvo que hará una cobertura del 99.2% de los puestos de votación, lo que implica un total de 350.000 hombres en todo el país.

La magistrada del Consejo Nacional Electoral, Adelina Covo, dijo a Votebien que éste es de lejos “el mayor despliegue de fuerza pública que se haya hecho en elección alguna en el país” y que espera dar un parte de tranquilidad al final de la jornada. Durante la campaña los nueve candidatos contaron con 250 policías que les sirvieron de escolta, vigilaron sus familias, residencias y sedes.

En lo que le compete a su dependencia, Covo comentó que el CNE ya expidió dos circulares una en la que se clarifica que los votantes pueden usar camisetas con el color de su partido o candidato, pero sin logo alguno que lo identifique; y una segunda en la que se pide a jurados y votantes que colaboren con las tareas de observadores y testigos electorales.

Participación en política

La Misión de Observación Electoral (MOE) por su parte aseguró que mientras en las legislativas la mayor preocupación fue la financiación ilegal de las campañas, en este caso el mayor factor de riesgo es la intervención en política, seguido de la coacción armada, el fraude electoral, la financiación ilícita de los candidatos, y las fallas de la registraduría en las trasmisión de datos. 

Solo en URIEL (la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral) aparecen hasta el 25 de mayo 175 denuncias referentes al proceso electoral presidencial entre las que priman la participación en política de alcaldes, gobernadores y diputados a favor del candidato de su preferencia. Le siguen la corrupción y el constreñimiento al sufragante.

La analista de la MOE Claudia López, al explicar el informe de amenazas electorales en una entrevista con testigodirecto.com, enfatizó que el riesgo mayor es que se usen “programas del gobierno para intimidar a los ciudadanos para que voten a favor del candidato del gobierno”. 

La denuncia concreta que se ha presentado durante la campaña es que los ciudadanos son presionados a votar por cierto candidato, bajo la amenazas de ser excluidos de los subsidios de Familias en Acción.

López también aseguró que es posible que el fraude electoral se repita en departamentos en donde sucedió en las elecciones del 14 de marzo como Valle, Chocó, y Magdalena; y que la decisión del DAS de cerrar la frontera en Norte de Santander, impedirá que muchos colombianos residentes legalmente en Venezuela crucen a votar.

La MOE también señaló en su informe que en esta contienda aumentaron las conductas que “rompen las condiciones de equilibrio que los aspirantes a la Presidencia deben tener” y mencionó su preocupación porque las campañas de desprestigio, propaganda negativa y descrédito de candidatos primaron “sobre el debate de las ideas y propuestas programáticas”.

En ese sentido el organismo no gubernamental ha pedido expresamente la creación de una Unidad Permanente de Delitos Electorales al interior de la Fiscalía General de la Nación para que se incentive la denuncia de estos hechos al tiempo que el Congreso discuta las falencias del Código Electoral.