Van 17 candidatos asesinados

La lucha por el poder local arrancó manchada por el asesinato de candidatos. Este lunes falleció el aspirante a la alcaldía de Yumbo, Valle, Fernando Vargas, después de haber permanecido tres días en cuidados intensivos en la Clínica Sebastián de Belálcazar, en Cali.

Vargas, diputado del Valle, fue atacado el viernes pasado por sicarios que le dispararon mientras el compartía con unos amigos en un bar del barrio Granada. El candidato que aspiraba llegar a la alcaldía de Yumbo había denunciado la injerencia del narcotráfico en la política de su municipio, razón por la cual las autoridades no descartan que pueda tratarse de una venganza a raíz de su actividad política.

Este hecho se suma al asesinato de Wilton Ramírez Arroyave, de 35 años, quien aspiraba conquistar un asiento en el Concejo de Caldas (Antioquia). El candidato del Movimiento Inclusión y Oportunidades (MIO) fue asesinado por sicarios que viajaban en una motocicleta. Según las autoridades, Ramírez no tenía amenazas en su contra.

Según el monitoreo que hace la Misión de Observación Electoral, van 17 candidatos asesinados en lo corrido de la campaña. El narcotráfico, las bandas criminales (Bacrim) y la guerrilla son las principales amenazas.

El propio Ministro del Interior y de Justicia es consciente de los riesgos que enfrentan los candidatos. En una entrevista en Caracol Radio afirmó que los grupos ilegales “quieren capturar las corporaciones, alcaldías y gobernaciones”.

Los departamentos más afectados son Antioquia y Valle del Cauca, en donde han ocurrido 4 asesinatos (en cada uno).

Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, garantizar la seguridad de los candidatos es muy difícil por la cantidad de personas que se presentan (cerca de 100 mil candidatos).

Sin embargo, Barrios consideró que “es necesario que el Gobierno genere algunos mecanismos de identificación de los lugares donde los candidatos están más expuestos”.

Las alertas están encendidas. Y no es para menos, cuando lo que está en juego es la reconfiguración del poder local en un momento clave para la aplicación de leyes como la de víctimas que buscan reparar a quienes han sufrido por el conflicto armado.