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Silvia Escobar, Mercedes Ruiz, y Laura Cazorla.

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Verdad contra impunidad
Jornada en defensa de los derechos de las mujeres en situación de conflicto

En la Casa de América en Madrid ha tenido lugar una jornada debate sobre el papel de la mujer como víctima principal del conflicto armado y su invisibilidad a la hora de poder ser reconocida como tal, en el caso colombiano.

Organizado por la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), con la colaboración de la ONG colombiana Corporación SISMA mujer y el patrocinio de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) de España, se ha celebrado, en la sala Jorge Luis Borges de la Casa de América de Madrid, esta jornada-debate bajo el título “Verdad contra impunidad: iniciativas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres en situación de conflicto armado: la experiencia colombiana”.

En su inauguración ha contado con la presencia de Mercedes Ruiz-Giménez, secretaria general de AIETI; Silvia Escobar, embajadora para los Derechos Humanos del MAEC, y Laura Cazorla, representante de la delegación española de la ONG colombiana SISMA. Agradecidas todas ellas por la masiva asistencia de público que llenaba la sala, han cedido el turno a Carlos Beristain que iba a moderar la mesa a la que se sentaban Liliana Chaparro, de SISMA Colombia; Leonora Castaño, de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia (ANMUCIC), y a Antonio Madariaga, de la Corporación Viva la Ciudadanía.

El especialista en atención a víctimas de violencia y comisiones de la verdad en Latinoamérica, Carlos Beristain, como moderador y previamente a ceder la palabra a las ponentes ha recordado lo que le decían antes de su primer viaje a Colombia en los ´90: “Para qué vas”, y lo primero que le dijeron los jóvenes con los que trabajó allá entonces cuando les preguntó si tenían miedo: “tenemos miedo a morir y no saber por qué”.

En su introducción ha señalado que el conflicto colombiano es, según los indios nasa del Cauca, como un partido de fútbol con dos equipos: el de la vida, los indígenas, y el de la muerte, con muchos actores; y que la pelota es la tierra en disputa. Y su reflexión es que Colombia, pese a ser un país muy golpeado, mantiene un tejido social vivo en el que juegan un gran papel las mujeres.

A continuación ha tomado la palabra Liliana Chaparro, de SISMA Colombia, ha explicado que su organización nació para dar visibilidad a las mujeres y ha disertado sobre el efecto de la implementación de la Ley de Justicia y Paz y la desmovilización en los derechos de las mujeres colombianas. Según sus palabras, la aprobación de la ley 975/2005 ha tenido un efecto negativo en la vida de las mujeres, señalando que de los dos millones de desplazados, según cifras oficiales, o cuatro según algunos organismos internacionales, el 75 por ciento son mujeres, niñas y niños.

Las mujeres en Colombia, ha continuado diciendo la abogada Chaparro, han tenido que enfrentar los efectos del conflicto y, especialmente, la violencia sexual, mayormente no denunciada por miedo a ser estigmatizada y porque, en gran número de casos, el aparato judicial señala a la víctima como culpable.

Con la desmovilización de los paramilitares no han notado cambios, siguen presentes en muchas zonas y con el mismo poder. La sociedad civil no cree en el proceso de Justicia y Paz porque las víctimas no tienen acceso a denunciar, ni existen programas de rehabilitación psico-social ni con perspectiva de género.

SISMA pide a la Fiscalía del Estado que reconozca la violencia sexual como crimen de lesa humanidad para que se pueda actuar contra los culpables. El Estado no ha hecho básicamente nada por las víctimas, dándose la paradoja de que los subsidios que reciben los paramilitares desmovilizados son siete veces más grandes que los recibidos por los hogares de desplazados sustentados por mujeres.

Liliana Chaparro ha terminado diciendo que “es necesario emprender, desde dentro del país y desde fuera, acciones para conseguir hacer visible” el problema de las mujeres víctimas del conflicto armado.

Por su parte, Leonora Castaño ha hablado de su experiencia al frente de ANMUCIC. De cómo surgió, impulsada por el Ministerio de Agricultura, a partir de una reclamación campesina de negras e indígenas. La exclusión y la discriminación de mujeres es mayor entre indígenas y negras. Consiguieron hacer efectiva la primera política pública de la mujer, contando con 18 organizaciones a mediados de los ´80 y con una consigna “los derechos de las mujeres no se mendigan, se conquistan”.

Se distanciaron del Estado, con autonomía al margen del Gobierno y de los actores armados, y en 1988 consiguieron el derecho a la titularidad de la tierra y a participar en temas de salud y educación y convertirse en “guardianas del medio ambiente”. Pero en los ´90, cuando ya contaban con más de 90 mil afiliadas, hubo un retroceso en políticas públicas para mujeres y comenzaron las amenazas a sus miembros lo que provocó su desplazamiento, llegando a ser asesinadas algunas de ellas. Se convirtieron en forjadoras de paz y en protectoras y asistentes de las víctimas con otras organizaciones sociales.

En 2003, ante la situación de peligro en que se encontraban buscaron el respaldo de las brigadas internacionales de paz tras ser declaradas como objetivo militar por el paramilitarismo.

Para finalizar el acto, ha intervenido el psicólogo egresado de la Universidad del Norte de Barranquilla, y director de la Corporación Viva la Ciudadanía, Antonio Madariaga, quien ha disertado sobre los derechos de las víctimas, la paz y las relaciones internacionales.

Corresponsal en España / Iñaki Chaves/ Terra Colombia.