Hace un año el Gobierno extraditó a 14 jefes 'paras' después de comprobar que seguían delinquiendo desde la cárcel. (Foto de Archivo)
Hace un año el Gobierno extraditó a 14 jefes 'paras' después de comprobar que seguían delinquiendo desde la cárcel. (Foto de Archivo)
 
 

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Mayo 13 de 2009

Paras extraditados, otro año de confesiones en vilo

 


Extraditan a ex jefes 'paras' a Estados Unidos



Por: Juan Carlos Millán / Terra Colombia

Pasadas las 12:00 de la noche del martes 13 de mayo de 2008, se daba inicio al operativo por medio del cual el Gobierno Nacional extraditaba a 14 de los principales jefes de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) hacia los Estados Unidos, luego de que se estableciera que habían violando con los compromisos acordados en la Ley de Justicia y Paz y continuaran delinquiendo desde sus lugares de reclusión.

Días atrás, el 7 de mayo, se había autorizado la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, durante un operativo de características similares realizado en horas de la noche bajo idéntico argumento.

"Algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega", indicó el propio Uribe mediante un comunicado expedido por la Casa de Nariño en el que se explicaba la determinación gubernamental.

En cuestión de horas se desplegó un gigantesco operativo desde las cárceles de Barranquilla, Bogotá e Itagüí, con el fin de trasladar a los 14 delincuentes con destino al aeropuerto militar de Catam; lugar en el que serían entregados funcionarios de la DEA, para posteriormente ser remitos a las ciudades de Washington, Houston, Miami y Nueva York, donde eran reclamados por delitos relacionados con narcotráfico.

Salvatore Mancuso, alias ‘Santander Lozada’; Francisco Javier Zuluaga alias ‘Gordolindo’; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’; Hernán Giraldo Serna; Nodier Giraldo Giraldo; Eduardo Enrique Vengoechea; Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’; Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’; Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’; Martín Peñaranda Osorio; Edwin Mauricio Gómez Luna, ‘alias El Mello’, y Diego Alberto Luis Arroyave, eran extraditados a los Estados Unidos.

De acuerdo con investigaciones y tareas de seguimiento realizadas por la Policía Nacional, 'don Berna' continuaba manteniendo estrechos vínculos con las bandas criminales de Los Paisas y Los Traquetos, relacionadas con la temible “Oficina de Envigado”, que permanecía al mando del ex jefe paramilitar.

'Cuco' Vanoy, ex jefe paramilitar del bloque Mineros, permanecía vinculado a la banda de Los Mellizos, de los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera.

Mientras que 'Jorge 40', ex jefe paramilitar del Bloque Norte, estaría vinculado a una banda de extorsionistas con injerencia en Barranquilla conocida como Los 40, la cual estaba dedicada al narcotráfico, comercio ilegal de armas, extorsiones y asesinatos selectivos en Atlántico, Bolívar y Sucre.

Así mismo, 'Pablo Sevillano', ex jefe paramilitar del Bloque Libertadores del Sur, estaría relacionado con algunas de las cinco bandas emergentes que lideraba Carlos Mario Jiménez, 'Macaco'.

El operativo

Pasadas las 6:00 de la mañana del martes, un desconcertado Diego Fernando Murillo miraba la puerta de la avioneta que lo conduciría a Nueva York fuertemente custodiado por agentes de la DEA, mientras que el visiblemente contrariado Rodrigo Tovar se despachaba en improperios contra el Gobierno, gritando a voz en cuello que habían sido traicionados.

Como era de esperarse, la medida adoptada por el Gobierno no fue bien recibida entre los antiguos amos y señores de la máquina de guerra que constituyó en su momento la organización paramilitar, algunos de cuyos principales líderes murieron asesinados durante vendetas internas que se desencadenaron al interior de sus filas por el control de corredores estratégicos para transportar droga, y discrepancias respecto al proceso de paz que se tenía con el gobierno del presidente Uribe.

Abogados de los 14 extraditados señalaron que la medida buscaba limitar los alcances de la Corte Suprema de justicia respecto a las investigaciones que adelantaba con relación a los posibles vínculos entre algunos congresistas de la bancada de gobierno y este tipo de organizaciones ilegales, dentro de la llamada parapolítica.

No obstante, el gobierno de presidente George Bush aplaudía la determinación del Gobierno Nacional indicando que se trataba de “otra señal más” de que el Congreso estadounidense debería aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC), agregando estar a la espera de que la drástica medida persuadiera a los líderes demócratas del legislativo y en especial a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosy.

¿Verdad, justicia y reparación?

Pese a que la determinación de extraditar a los 14 paramilitares se tomó debido a los reiterados incumplimientos con la ley de Justicia y Paz, entre los que los que destacaba el no haber entregado sus respectivos bienes para reparar a las víctimas, organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos cuestionaron desde un principio la medida al considerar que con las nuevas extradiciones se iba a entorpecer seriamente el esclarecimiento de los crímenes cometidos por parte de la organización paramilitar.

En este sentido, conforme a un pronunciamiento realizado al día siguiente de que se produjera la masiva extradición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicaba que la medida impedía “la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana”.

Sin bien el propio presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia, Eduardo Pizarro, reconoció en una reciente gira por Europa que tras los primeros meses de ser extraditados ex jefes como Mancuso, Macaco o Jorge 40 no habían colaborado con la justicia colombiana, su extradición había contribuido la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

De acuerdo con Pizarro, la colaboración de los extraditados con la justicia estaba garantizada en la medida que las situaciones de corrupción que imperaban dentro de las cárceles en las que estaban retenidos habían cesado a partir de su extradición.

Colaboración que a juicio del Comisionado de Paz, Frank Pearl, si bien prosigue se estaría cumpliendo de manera irregular, puesto que muchos de los procesos en contra de los extraditados habían debido ser interrumpidos tras la aplicación efectiva de la medida.

"Creemos que la extradición favorece que se sepa la verdad", manifestó el ex consejero presidencial para la Reintegración, quien destacó que si los acuerdos con Estados unidos funcionan, "las víctimas van a estar mejor servidas".

En este sentido, luego de que diego Fernando murillo y Salvatore Mancuso solicitaran la colaboración de la senadora Piedad Córdoba para continuar adelantando la confesión de sus delitos, la parlamentaria advirtió que los extraditados preferían limitarse a confesar aquellos que estuvieran relacionados con narcotráfico debido a la situación de seguridad en la que se encontraban sus familias.

Conforme las denuncias formuladas por Córdoba, a juicio de los ex jefes paramilitares, el Gobierno Nacional había incumplido con los acuerdos, además de que muchos de sus familiares venían siendo objeto de persecuciones y amenazas de asesinatos, algunas de las cuales ya se habrían hecho efectivas.

Por su parte, el representante del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado, Iván Cepeda Castro ha sido enfático en reiterar que la extradición de los ex jefes paramilitares había cerrado la posibilidad de que se conozca la verdad sobre los crímenes cometidos en Colombia.

"un año después seguimos sin justicia, verdad y reparación", declaró hace poco el reconocido activista, tras conocerse la sentencia de 31 años a la que fue condenado Don Berna, por tráfico de drogas.

Confesiones en veremos

Al cumplirse un año de la extradición de los principales ex jefes paramilitares sólo Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy y Guilermo Pérez han vuelto a dar sus confesiones, mientras que Carlos Mario Jiménez, Hernán Giraldo, Rodrigo Tovar y Diego Murillo han decidido suspenderlas, pese a haber manifestado su intención de permanecer vinculados al proceso de Justicia y Paz debido a los beneficios que les ofrece la justicia estadounidense.

Panorama que es percibido de manera distinta por el Fiscal General, Mario Iguarán, y el Alto Comisionado para la Paz, puesto que mientras el primero reconoce la intención de colaborar con las autoridades colombianas, también ha manifestado la dificultad de reconstruir la verdad en tales condiciones; incertidumbre a la que Pearl se refiere destacando que 554 ex paramilitares continúen entregando sus respectivas versiones gracias a las extradiciones.

“Antes los de arriba querían callar a los de abajo, y los de abajo tenían miedo de hablar. Desde que extraditamos hemos avanzado más”, indicó el funcionario.

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