Durante la asamblea de la Cámara de Comercio de Bogotá, el mandatario se refirió a la labor realizada por los parlamentarios durante el periodo legislativo que recién concluyó.
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Durante la asamblea de la Cámara de Comercio de Bogotá, el mandatario se refirió a la labor realizada por los parlamentarios durante el periodo legislativo que recién concluyó.
“El Congreso acaba de aprobar diría que una gran legislatura”, manifestó el presidente Uribe. Destacó los avances logrados a través de la Reforma Política aprobada por medio de la cual el Gobierno buscaba que los partidos prestaran mayor atención a la selección de sus listas, así como “las sanciones a los partidos, las sanciones a los representantes legales, la eliminación de las suplencias, total transparencia en la financiación de las colectividades”.
Explicó que la nueva Reforma Financiera aprobada resulta relevante porque le permite mayor flexibilidad a los Fondos de Pensiones y permite enfrentar el problema de los más de nueve millones de colombianos que están exentos de tener una expectativa de pensión.
“Los trabajadores más vulnerables que no tienen expectativa de pensión, empezarán a ser inscritos en diferentes entidades, se les pedirá un pequeño ahorro, y el Gobierno –en contraprestación- hará un ahorro, irá acumulándose una cuenta, solamente para ser retirada en el momento en que el trabajador cumpla cierta edad o que las condiciones de salud no le permitan seguir trabajando”, señaló Uribe.
También mencionó la aprobación del Principio de Oportunidad, la Ley de Competencias y el nuevo Código de Minas; la penalización de la dosis personal de droga.
En último lugar, el Presidente se refirió al polémico rechazo generalizado que generó la oposición del Gobierno a la conciliación y aprobación de la Ley de Víctimas.
Según Uribe, el proyecto le hubiera costado al país alrededor de 82 billones de pesos, cuando el recaudo del Estado para el Gobierno Central es de 68 billones; por lo tanto, en palabras del Jefe de Estado, se trataba de un proyecto no viable en términos fiscales para el país.
Insistió en que el proyecto igualaba a la s víctimas de los agentes terroristas a las víctimas de los agentes del Estado, argumento que desató numerosas críticas por parte de los observadores de la ONU, ONG y de los ponentes del proyecto de reparación, al hacer una discriminación entre las víctimas y darle más importancia a los autores del crimen en lugar de los directamente afectados por dichas acciones.
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