Colombia, junto con México, son los dos países de América donde la tortura todavía causa estragos, y Argentina y Brasil presentan ‘múltiples episodios’ de ataques de ese tipo contra la población carcelaria, aseguró el director de la Organización Mundial Contra la Tortura (Omct), Eric Sottas.
El experto se encuentra de visita en Colombia con motivo del examen periódico que hace la Omct sobre la lucha contra ese delito en todos los países del mundo y en el marco del Día Internacional contra la Tortura.
En declaraciones reproducidas por el diario El Espectador, Sottas indicó que es cierto que en Colombia y México se han presentado progresos en materia de respeto por los Derechos Humanos, pero si se examinan de cerca se encuentran aún múltiples denuncias.
"La tortura no solo es física, y muchas veces se aplica para crear miedo. Es el caso de muchos líderes de comunidades desplazadas que libran difíciles batallas por el derecho a la propiedad de la tierra", dijo el abogado suizo.
Destacó que hay graves casos en países como Sri Lanka, Rusia, Sudán, Congo, Burundi y Ruanda, y ese diagnostico puede empeorar en escenarios donde no se permite un examen de la realidad sobre los registros de tortura, como en Corea del Norte y China.
Sottas agregó que el uso de métodos denigrantes en Israel por el conflicto con los palestinos está documentado.
También se refirió a la situación en Argentina y Brasil, donde se presentan episodios de tortura contra la población carcelaria, explicó Sottas.
Asimismo, recordó que todos los países deben entender que la prohibición de la tortura es absoluta y que si los Gobiernos no son contundentes al censurarla, pueden dar argumentos al crimen organizado para que incurra en ella.
"Guantánamo es un buen ejemplo. En este caso quedó claro la falta de reconocimiento del derecho, la negativa al carácter de los no combatientes y la implementación de técnicas de interrogatorio injustificadas, al ritmo de una opinión pública manipulada", aseguró.
Sottas se reunirá desde hoy y hasta la próxima semana con varios defensores de los derechos humanos, jueces y abogados para analizar la utilización de ese delito en Colombia.
EFE
