Tras la decisión del Gobierno Nacional de conformar una 'gerencia' que se encargará de la defensa del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, las opciones que hasta el momento se han tenido en cuenta para responder frente a la orden de captura emitida por un juez ecuatoriano son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya.
Los expertos en derecho internacional que estarán a cargo de decidir las alternativas jurídicas del caso aún no han sido escogidos por la ‘gerencia’, conformada por los ministerios de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores.
Además del firme respaldo del Gobierno, la clase política, incluida la oposición, cerró filas en torno a Santos, quien el pasado mayo dejó el ministerio de Defensa para no inhabilitarse a una eventual candidatura presidencial.
"Si no se hubiera hecho el bombardeo sobre el campamento del terrorista
Raúl Reyes, la Operación Jaque no habría sido posible, porque ese terrorista desde allá controlaba que mantuvieran a los secuestrados en cautiverio", precisó el presidente Uribe.
"Para poder nosotros adelantar la 'Operación Jaque', fue necesario aislar a ese secuestrador de la cadena que mantenía en el cautiverio, que mantenía en la esclavitud, que mantenía en las peores condiciones a nuestros compatriotas", agregó.
Por su parte, el comandante general de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa encargado, general Freddy Padilla, reveló que el gobierno determinó encarar como "una política de Estado" la defensa de la 'Operación Fénix' (como se denominó el ataque a Reyes).
Padilla aseguró que dicha operación fue realizada "a la luz del Derecho Internacional Humanitario contra el terrorismo".
Al rechazo del gobierno contra la decisión del juez ecuatoriano -que Santos calificó de "agresión" contra su país en una declaración desde Londres- se sumaron los opositores Partido Liberal y Polo Democrático Alternativo (PDA).
En cuanto a la posibilidad de que la orden del juez derive en la captura de Santos, el jurista y ex director del DAS, Ramiro Bejarano, la consideró "precaria" e "infundada", y destacó que la Policía Internacional (Interpol) evalúa esas solicitudes antes de expedir una orden de arresto.
De igual forma se refirió frente al polémico tema, el actual director del DAS, Felipe Muñoz. El funcionario aseguró que no existía razón para alarmarse por una posible circular roja emitida desde Ecuador, al considerar que la Interpol estaría impedida en la intervención de asuntos de este talante.
Muñoz hizo mención del artículo e del estatuto de la Interpol que dice: "Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial".
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