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El ex ministro Santos no podría ser detenido aún si hubiera una circular roja de la Interpol. Foto: EFE
 

Inmunidad diplomática no permitiría detención de Santos

Actualizado: Julio 4 de 2009

El ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos goza de inmunidad diplomática por lo cual, aún cuando Interpol sea notificada de la orden de captura dictada en su contra por un juez ecuatoriano, sería imposible detenerlo.

El mandatario Álvaro Uribe reiteró que su gobierno no dejará "tocar" a Santos y consideró "temeraria" la acción ordenada el lunes por el juez ecuatoriano que lo procesaría por la muerte de 25 personas el bombardeo al campamento clandestino de 'Raúl Reyes'.

"Hemos presentado nuestra queja ante Interpol y seguiremos trabajando en eso", dijo Uribe, y señaló que Santos cuenta con pasaporte diplomático y que el juez ecuatoriano "usurpa la justicia porque no tiene competencia" para ordenar su captura.

Más tarde en una nota de prensa de su despacho, Uribe argumentó que "quien desempeñó el Ministerio de Defensa y enfrentó en favor del país temas tan importantes, tiene derecho a que el país le prolongue durante el tiempo que considere necesario un pasaporte diplomático".

El mandatario dijo que se buscaba proteger a Santos "en toda la esfera internacional por sus actuaciones como ministro de Defensa de Colombia", y sin hacer señalamientos específicos aclaró que hará lo necesario "para defenderlo de estas piruetas de los auxiliadores de las Farc".

Durante actos gubernamentales en Barranquilla, Uribe dijo que "el pueblo ecuatoriano sabe que no fue el pueblo ecuatoriano el que protegió a las Farc" y que denunciará "ante el mundo que ésta es una pirueta de los auxiliadores del terrorismo que también se han enquistado en sectores de la justicia internacional".

Añadió que "este atentado nos demuestra el peligro que todavía nos genera el terrorismo de las Farc y todos sus patrocinadores domésticos e internacionales".

El presidente Rafael Correa respondió que "no hay mayor cómplice de las Farc en el planeta que el presidente Uribe, porque de cada uno (de los guerrilleros) que se nos pasa a nosotros (a Ecuador) él tiene 200 en su territorio".

En declaraciones a una de la provincia sureña de El Oro difundidas por la Presidencia, Correa defendió las actuaciones de la justicia ecuatoriana, la cual dijo que se enmarca en las leyes y no es una agresión a Colombia.

"Agresión es tirar bombas a sus vecinos", afirmó Correa, para quien actos la incursión militar "no pueden quedar en la impunidad".

"Me siento con satisfacción de ver que nuestro sistema de justicia funciona", declaró.

"Aquí ha actuado la justicia con total autonomía, somos un país soberano donde los poderes del Estado son independientes, así que no nos van a decir qué hacer o no hacer", añadió.

En Quito, el general Rafael Yépez, director nacional de la policía judicial de Ecuador, indicó que "recibimos la orden de detención y como (delegados de) Interpol tenemos la obligación de enviar eso a la secretaría general que es en Francia", algo que se disponía a realizar el viernes.

Yépez señaló que la oficina de Interpol en Francia "dirá si procede o no procede la difusión a nivel internacional" de la orden de arresto que actualmente está vigente solo en Ecuador.

Un juez provincial de Ecuador ordenó el lunes la aprehensión de Santos en virtud de que la fiscalía lo acusa de ser quien "planificó, dirigió y ordenó" el operativo militar contra el campamento de las rebeldes Farc. Entre las víctimas del ataque estuvieron el comandante guerrillero Raúl Reyes, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.

Ecuador rompió relaciones con Colombia dos días después de la operación militar colombiana del 1 de marzo de 2008, situación que aún prevalece, en parte porque Ecuador exige que las autoridades colombianas dejen de vincular verbalmente a funcionarios de su gobierno con las FARC.

Santos renunció a su cargo en mayo para aspirar a la presidencia, solo si Uribe no decide postularse a un tercer mandato.

El vocero de la presidencia, César Mauricio Velásquez, informó que el Gobierno pedirá que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, aplique de medidas cautelares a favor del ex ministro. No precisó cuando se oficializará la solicitud.

AP

 

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