La Procuraduría General investiga a 1.603 militares por la muerte de 812 personas que al parecer fueron ejecutadas extrajudicialmente en los últimos seis años, según un informe de esa institución publicado por El Tiempo.
El informe sobre las investigaciones a 301 oficiales, 488 suboficiales y 814 soldados profesionales fue entregado al relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, en su visita a Colombia el pasado junio.
La investigación afecta en su mayoría a miembros de siete unidades militares de la Quinta División del Ejército, que opera en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila.
De ese batallón, creado hace nueve años y con sede en Bogotá, se investiga a 202 militares, 40 de ellos con grado de oficial, por su supuesta participación en 59 ejecuciones, agregó el informe de la Procuraduría.
La totalidad de los militares investigados hacen parte de 32 brigadas (nueve de ellas móviles) y de tres comandos operativos.
"Hasta el momento, sólo en cinco casos se ha proferido un fallo de destitución e inhabilidad contra los militares investigados; en 29 casos se han formulado pliegos de cargos y en 19 se decidió archivar el proceso", señaló el diario.
En el escandaloso caso de las 31 víctimas reportadas en el sur de Bogotá el año pasado, por las que hay detenidos 40 militares, entre ellos dos coroneles, la Procuraduría determinó que fueron contactadas por particulares y entregadas a militares.
Aquellos jóvenes eran desempleados que buscaban una oportunidad laboral y fueron trasladados con promesas de trabajo en Norte de Santander, donde fueron ejecutados y presentados como guerrilleros abatidos en combate.
A cambio, los militares recibieron algunos incentivos como fines de semana de descanso.
"Se han encontrado casos de personas que fueron retenidas por patrullas del Ejército. Fue una modalidad utilizada en varios sitios de Antioquia", agregó el informe.
Algunas víctimas, prosigue la Procuraduría, habían prestado alguna colaboración o auxilio a grupos armados al margen de la ley, otras eran sindicalistas o líderes comunales.
Limpieza social
Otro perfil corresponde a casos de "limpieza social", cuyas víctimas eran seleccionadas en centros urbanos y por lo general se trataba de indigentes, personas solas o forasteros que eran detenidos y luego llevados al lugar donde se escenificaba el supuesto combate.
Un tercer grupo es el de personas asesinadas o secuestradas por grupos paramilitares y entregadas a patrullas del Ejército.
"Hay decenas de casos documentados en unidades militares como el Batallón La Popa, de la ciudad de Valledupar (norte)", señaló el documento.
Así mismo, se determinaron casos en los que los militares retenían a personas, se las entregaban a los paramilitares y después aparecían asesinadas.
El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, aseguró tras una visita de 10 días a varias regiones del país en junio pasado que los asesinatos de jóvenes civiles por parte de las fuerzas de seguridad es la evidencia de que ésta ha sido una "práctica sistemática".
Alston presentará a finales de año un informe sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
EFE / Terra Colombia
