El plan criminal contra varios magistrados, que fue denunciado hace poco, se hizo evidente a partir de documentos e informes de los ex jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos, dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez.
El magistrado, que es uno de los al menos tres letrados de la Corte amenazados, precisó en declaraciones a Caracol Radio y La W Radio que el complot le fue informado hace cerca de un mes "por una persona de mucha confiabilidad".
"Una persona de mucha credibilidad por parte mía me contacta y me comenta que, por los documentos y la información de los (ex paramilitares) extraditados en Estados Unidos, que son de gran gravedad, y lo que aparentemente funciona aquí como una 'mano negra', estaban buscando y armando un atentado", explicó Ibáñez.
El letrado manifestó que, según esta versión, el plan criminal lo incluía a él y al vicepresidente de la Corte, Jaime Arrubla, como objetivo, y que así se lo hizo saber a las autoridades colombianas, entre ellas al director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo.
Sin embargo, agregó, las amenazas se extendieron luego al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Julio Socha, que recibió un sufragio o esquela fúnebre en su oficina, lo mismo que a los políticos Rodrigo Lara, Víctor G. Ricardo y Camilo Gómez.
Lara, hijo del ministro de Justicia del mismo nombre, asesinado en 1984 por orden del desaparecido capo Pablo Escobar, ocupa en la actualidad un escaño en el Senado por Cambio Radical (CR), partido de origen liberal, mientras que Ricardo y Gómez ocuparon el cargo de alto comisionado de Paz en el Gobierno del presidente conservador Andrés Pastrana (1998-2002).
El magistrado Ibáñez advirtió de que su fuente le dijo que los ex paramilitares extraditados a Estados Unidos han ofrecido allí informes que, al parecer, han generado "alguna preocupación".
Por ello, "lo que se podía llamar 'mano negra' que existe en el país estaba por ocultar esta información con un atentado", añadió el presidente de la Corte.
El letrado aclaró que su fuente "es una persona particular" y no un alto funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, como lo aseguran algunas versiones periodísticas.
La representación estadounidense envió a la Corte un mensaje de solidaridad junto a otras delegaciones diplomáticas, señaló Ibáñez, quien advirtió de que el asunto no es "puramente interno, sino que ya, desde el punto de vista internacional, tiene un seguimiento".
EFE
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