Los seis mil militares y policías federales mexicanos desplegados en la fronteriza Ciudad Juárez en labores de seguridad pública comenzarán su retirada de forma gradual, informaron fuentes oficiales.
Los efectivos, parte del Operativo Conjunto Chihuahua, que protege el estado donde se halla esta urbe fronteriza con EE.UU., se reincorporarán a labores de combate al narcotráfico en la zona, dijo a Efe el portavoz del dispositivo de seguridad, Enrique Torres.
Los militares y policías federales sustituyen a la Policía municipal en su tarea de patrullar la ciudad para velar por el orden, ante la desmedida violencia que ha afectado a la localidad en los dos últimos años por cuenta del crimen organizado.
La retirada gradual de los elementos federales dará paso a la reincorporación a sus labores habituales de los cuerpos de seguridad locales, a los que se ha investigado y depurado por sus conexiones con los cárteles del narcotráfico.
Ciudad Juárez es considerado el enclave más violento de México, después de que acumulara casi un tercio de las 5.800 muertes que el crimen organizado provocó en todo el país.
Los recuentos extraoficiales arrojan un saldo de 1.500 muertos sobre los más de 5.000 estimados en toda la nación en acciones armadas del crimen organizado.
Torres indicó que no hay una fecha límite estipulada para que los efectivos del operativo federal dejen las labores de patrulla en la ciudad.
Adicionalmente, tuvo lugar el relevo de 1.200 militares dedicados a esta tarea.
En todo el estado de Chihuahua se estima que hay cerca de 8.000 efectivos del operativo federal, contando los de Ciudad Juárez.
A lo largo de los últimos meses han crecido las críticas hacia el Ejecutivo por el empleo del Ejército en tareas de seguridad pública, especialmente desde organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Éstas relacionan la presencia de soldados con un aumento en las violaciones de las garantías individuales de la población y destacan la falta de traducción del operativo militar en una reducción significativa de la violencia en la zona.
El presidente Felipe Calderón ha negado que el fuero de los militares sirva para fomentar la impunidad entre las tropas por ataques a los derechos humanos de los civiles y retó a que se halle un solo caso comprobado sin castigar por las autoridades.
El respeto a los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado es asimismo materia de controversia por el requerimiento que hace en este sentido Estados Unidos a México, en el marco de la llamada Iniciativa Mérida.
Este programa de colaboración entre ambos países contempla la cesión de material y la capacitación de efectivos por valor de 1.400 millones de dólares.
No obstante, la liberación del 15% de estos fondos depende de que el Departamento de Estado de EE.UU. envíe al Legislativo de su país un informe positivo sobre el respeto a los derechos humanos en la lucha del Gobierno mexicano contra los cárteles, para que el Congreso apruebe el desembolso.
Terra Colombia/EFE/
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