El Gobierno consideró que no hay ninguna razón para que la Corte Penal Internacional (CPI) abra investigaciones en el país por crímenes de guerra, dado que los miembros de grupos armados y de las fuerzas de seguridad acusados por esos delitos son procesados por la Justicia nacional.
El embajador de Colombia ante la CPI, Francisco Lloreda, señaló durante el encuentro internacional "Retos y perspectivas de la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia", que no es una novedad para la Justicia de su país procesar a responsables de crímenes de guerra.
"Miembros de la guerrilla, paramilitares y de la Fuerza Pública acusados de cometer crímenes atroces están siendo procesados o han sido condenados, la mayoría además está en la cárcel", dijo el diplomático.
Lloreda agregó que en la actual coyuntura "no hay razón" para que la CPI abra una investigación en Colombia dado que los criterios que se establecieron en el Estatuto de Roma, por medio del cual se creó la Corte, "no se cumplen".
"Hay procesos judiciales en marcha, capacidad y disposición para procesar a los responsables de los crímenes de competencia de la Corte", afirmó.
El próximo 1 de noviembre vence la moratoria de siete años que el Gobierno colombiano solicitó a la CPI para investigar delitos de guerra, tras adherirse al Tratado de Roma con esa reserva.
El embajador agregó que la situación de Colombia no es comparable con la de otros países, como Uganda, Sudán, República Democrática del Congo y la República Centroafricana, en los que ese tribunal ya ha intervenido.
"Eso no significa que el camino por recorrer no sea exigente y que la Justicia nacional, estando Colombia bajo observación, no deba someterse a un autoexamen riguroso para lograr mayor eficacia", agregó.
El vicefiscal general, Fernando Pareja, ratificó lo dicho por Lloreda y señaló que la entidad judicial está realizando una "investigación muy seria" sobre los ‘Falsos Positivos’.
"El punto de vista de la Fiscalía es que el trabajo que está haciendo todo el sistema de Justicia y Paz en Colombia (...) es un trabajo serio", indicó Pareja.
La Ley de Justicia y Paz es el marco jurídico por medio del cual el Estado otorga beneficios a los desmovilizados de la guerrilla y los paramilitares.
"La Corte está haciendo acercamientos en este momento con la Fiscalía, hace poco hubo una visita oficial y se entregó una información y la Fiscalía tiene abiertas todas las bases de datos necesarias para la CPI", puntualizó Pareja.
La CPI puede investigar delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos en Colombia desde 2002, pero sólo podrá atender crímenes de guerra a partir del 1 de noviembre de 2009.
Terra Colombia / EFE
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