Por: Gabriel Murillo Rojas / Terra Colombia
El domingo culminó la disposición de transición en Colombia del Estatuto de Roma y desde ahora la Corte Penal Internacional, CPI, podrá entrar a juzgar los Crímenes de Guerra cometidos por los diferentes actores del conflicto en el país.
INFOGRAFÍA: Conozca los crímenes de Guerra que investigaría la CPI
Sin embargo, la competencia de la Corte entra en los casos donde haya impunidad y, aunque se maneja una cifra de 64 posibles casos en los que podría entrar a investigar, el embajador de Colombia ante los Países Bajos, y representación del país ante el tribunal en La Haya, Francisco José Lloreda Mera; aseguró que aún no hay razones para que se abra una investigación formal por parte del organismo internacional.
“La Corte es un tribunal de reserva, que está llamado a actuar en un caso excepcional”, dijo el Embajador, quien además aseguró que la CPI sólo entrará a regir en los casos en que la Justicia colombiana no opere.
Tras siete años de reserva previstos por el artículo 124 del Estatuto de Roma, al que se acogió Colombia, el pleno de la CPI tendrá competencia sobre los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad que se cometan en el país.
Cuando “Colombia acepta que la Corte puede juzgar los Crímenes de Guerra, éstos serán de conocimiento de la Corte. Delitos como infracciones graves a los convenios de Ginebra, homicidio intencional o tortura", explicó a Terra Colombia Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario.
Por su parte las víctimas celebran la entrada en rigor la potestad de la CPI. Iván Cepeda, dirigente del Movimiento de las Víctimas de Crímenes de Estado, aseguró que “ahora quienes hayan cometido crímenes (de Guerra), tendrán una razón para pensar en lo que ha hecho a los no combatientes y civiles”.
CPI investiga a todos los actores del conflicto
Cuando se levanta la disposición de transición, la CPI no hará distinción entre los protagonistas de los crímenes. Esto deja la puerta abierta para que los grupos armados ilegales, la delincuencia común y los crímenes de Estado puedan ser investigados por la CPI.
“Los Crímenes de Guerra son cometidos por parte de grupos armados ilegales y agentes del Estado. En el contexto actual en el que se han presentado estas situaciones en las que civiles han sido asesinados y luego son mostrados como muertos en combate (desaparecidos de Soacha), pueden ser llevados ante la CPI”, dijo a Iván Cepeda, vocero del Movimiento de las Víctimas de Crímenes de Estado.
Además, el vicefiscal General, Fernando Pareja, aclaró que los casos de ‘falsos positivos’ también podrán ser asumidos por la alta corte internacional. "La Corte Penal Internacional, con el vencimiento a principio de noviembre de la reserva que había hecho Colombia de este tratado, puede entrar a conocer delitos de guerra, de lesa humanidad (...) delitos que se producen con ocasión del enfrentamiento de elementos del Estado, insurgencia y contrainsurgencia", dijo Pareja, según declaraciones publicadas por Elespectador.com.
Según el funcionario, los delitos cometidos por la Fuerza Pública, enmarcados en el conflicto interno que afronta el país, también podrán ser investigados por la CPI.
A su vez Pareja señaló que los delitos que podrían ser tipificados como lesión a la dignidad humana u honra podrán ser investigados por el organismo internacional.
‘No hay razón’ para que CPI abra investigaciones en Colombia: Gobierno
El embajador de Colombia ante La Haya, Francisco Lloreda, aseguró que no hay razón para que la CPI abra investigaciones en el país por Crímenes de Guerra, pues los miembros de grupos armados y de las Fuerzas Militares acusados están siendo procesados por la Justicia del país.
"Miembros de la guerrilla, paramilitares y de la Fuerza Pública acusados de cometer crímenes atroces están siendo procesados o han sido condenados, la mayoría además está en la cárcel", dijo el Lloreda.
El diplomático afirmó que hoy "no hay razón" para que la CPI abra una investigación en Colombia, pues no se están cumpliendo, por ahora, los criterios establecidos por el Estatuto de Roma.
El Embajador también aseguró que el conflicto colombiano no se puede comparar con la situación de Sudán, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Uganda donde la CPI ha actuado.
Desde 2002 la CPI no juzga los Crímenes de Guerra en Colombia
Pese a que Colombia hace parte de los 78 países que ratificaron el Estatuto de Roma, desde el 1 de noviembre de 2002 entró en vigencia una reserva para que los Crímenes de Guerra que se cometan en el país, durante un periodo de siete años, sean juzgados por la justicia colombiana y no sean de competencia de la CPI.
La solicitud en 2002 fue hecha en la ONU por el entonces embajador ante ese organismo, Alfonso Valdivieso, que hoy es senador por Cambio Radical.
A finales de 2008 el también ex Fiscal, había dicho a
Terra Colombia que “no es conveniente que el país se salga en estos momentos, de esa reserva de tiempo, pues aún hay una posibilidad de una salida negociada al conflicto y sigue siendo válida esa alternativa”, dijo.
Hoy el Senador fijo a este mismo medio que “ya obviamente se ingresa a una etapa donde tiene plena acción (La CPI). No hay esa reserva. Se pensó en su momento que se podía aprovechar por las organizaciones subversivas, pero desafortunadamente no acogieron el paréntesis tan importante”.
Valdivieso celebró que entre en vigencia la CPI, pero recordó que “la jurisdicción de la corte viene a suplir la ausencia de justicia en Colombia. Es importante que tenga plena aplicabilidad, pero más importante es que no se necesite y que la justicia colombiana actúe. Estaremos atentos a ver hasta dónde la CPI actúa. Yo espero que no se necesite y que la justicia colombiana siga cumpliendo”, dijo.
Por su parte el analista Abello recordó que “tanto el Congreso como la Corte habían sugerido en su momento que no se hiciera uso de esa disposición de transición (reserva) y el Gobierno decidió que sí. Lo que el Gobierno dijo (en 2002) es que buscaba dejar la puerta abierta para una negociación de paz con los grupos ilegales”. Sin embargo, el tiempo pasó y no se abrió la puerta del diálogo ni para una salida negociada al conflicto ni para un canje de guerrilleros presos por secuestrados.
El mismo analista recuerda que
las Farc argumentaron que esa transición de siete años “dejaba la puerta abierta para que el Estado siguiera cometiendo Crímenes de Guerra”.
Estatuto pondría trabas a cualquier proceso de paz futuro
Con la entrada en vigencia del juzgamiento de los Crímenes de Guerra, se limita el rango de negociación del Gobierno para ofrecer flexibilidad judicial en favor de los comandantes de las dos guerrillas que delinquen en el país.
El clamor de justicia es claro: “los tres derechos de todas las víctimas son verdad, justicia y reparación. Tienen que ser ejercidos de manera plena, y por eso el Movimiento ha apelado a todos los mecanismos de justicia disponibles. Esta situación implica que se utilicen los sistemas de derecho y justicia tanto en el país como en el exterior”, explicó Cepeda.
Por eso las víctimas reclaman que las condenas y el esclarecimiento de la verdad sea ejemplar. Sin embargo, la entrada en vigencia del Estatuto de Roma trae algunas implicaciones al país que se hace necesario analizar.
Análisis
Los procesos de paz en Colombia y la Ley de Justicia y Paz han sido laxos frente a los grupos armados ilegales, para que dejen las armas, se desmovilicen, reparen y paguen sus penas, según han afirmado constantemente voceros de las víctimas, señaló Cepeda.
Pero en toda negociación, cada una de las partes tiene que ceder. El Gobierno, con el fin de lograr la masiva desmovilización de los grupos paramilitares –por ejemplo- ofreció la Ley de Justicia y Paz, en la que se les dio a los paramilitares condenas más bajas con el fin de que contaran toda la verdad y reparar a sus víctimas.
En medio ese proceso se descubrieron los resonados nexos entre grupos paramilitares y políticos, generando el fenómeno de la parapolítica, entre otras consecuencias que sirvieron para esclarecer el panorama nacional.
Las víctimas sienten que la justicia no ha sido lo suficientemente contundente, pues “creo que en Colombia hay una impunidad que alcanza una taza del 95 al 98 por ciento. Esa impunidad cubre crímenes de lesa humanidad, genocidio y Crímenes de Guerra. Es mucho lo que hay que hacer en esta materia. Las víctimas siguen esperando justicia, esclarecimiento y reparación integral”, afirmó el Vocero de las víctimas.
Y aunque para las víctimas los castigos no han sido consecuentes con las atrocidades que se han cometido, algunos jefes paramilitares han reconocido varios de sus crímenes, han señalado los lugares donde existen fosas comunes y han entregado tierras para la reparación a las víctimas.
Y aunque se afirma que existe un rearme paramilitar motivado por el negocio del narcotráfico, el paramilitarismo se ha visto reducido según lo ha asegurado el presidente
Álvaro Uribe en varias de sus intervenciones.
El Artículo de la reserva o disposición de transición
El Artículo 124 del Estatuto de Roma dio la reserva de siete años para que Colombia pudiera estar exenta del juzgamiento, por parte de la CPI de los Crímenes de Guerra.
Sin embargo, este artículo sólo excluía a la CPI de investigar los Crímenes de Guerra en Colombia, mas no los de Lesa Humanidad o Genocidio.
“(…) Durante un período de siete años contados a partir de la fecha (17 de julio de 1998) en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el Artículo 8 (Crímenes de Guerra) cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio”, dice el Estatuto.
Terra Colombia
Investigaciones
