Tras la intervención del precandidato liberal, Rafael Pardo, durante el consejo comunal celebrado en Putumayo, en la que el ex congresista cuestionó el programa de Agro Ingreso Seguro, el presidente Uribe y el ministro de Agricultura, Andrés Fernández, respondieron a las graves acusaciones formuladas, insistiendo en la legitimidad que tiene el proyecto.
En este sentido, luego de ser inquirido por el Presidente, Fernández manifestó que la administración Uribe había recibido 4.200.000 hectáreas cultivadas, cifra que se había incrementado 625.000; a la par de que señalar que se había pasado de producir 22 millones de toneladas a 27 millones de toneladas de alimentos.
Durante un procedimiento que se prolongó durante cerca de 50 minutos, el presidente Uribe también preguntó respecto a las cifras de desempleo en el sector rural, a lo que el Ministro respondió que se había recibido en el 10, 8 por ciento y que había pasado al 7, 9 por ciento.
A continuación, Fernández negó que la política agropecuaria fuera un fracaso; señaló que se había mejorado el hectareaje de tierras productivas y destacó el aumento en el número de cabezas de ganado, que pasó de 24 millones a 26 millones 700 mil.
“Presidente, yo creo que lo de la política agropecuaria lo pueden decir más los colombianos que nosotros mismos; todo el sector agropecuario reunido en los 34 gremios de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y todos los secretarios de agricultura del país dan fe de una buena política agropecuaria estructurada por este Gobierno”, agregó Fernández, y añadió que el pilar de esa política ha sido el programa de Agro Ingreso Seguro.
“Se dice hoy acá que se han beneficiado funcionarios del Gobierno Nacional, y es cierto”, indicó el Ministro, quien aseveró que entre los 316.000 beneficiados del programa había “pocas personas que pertenecían al Gobierno Nacional y sus familiares”, si bien consideró que dicha circunstancia no implicaba ningún tipo de incompatibilidad moral porque todos los recursos habían sido entregados mediante “mecanismos públicos y transparentes, o a través del sistema financiero nacional”.
“El Gobierno no mete un solo dedo para adjudicar un solo recurso de Agro Ingreso Seguro; las convocatorias de riego son por convocatorias”, afirmó el Ministro.
“Usted dice que los funcionarios públicos acceden sin privilegios, no tienen prerrogativa alguna, lo cual no les crea un favorecimiento. Por lo tanto no hay una violación a la ley y a la ética”, complementó el Presidente, quien continuó, “habría una violación a la ética si por favorecer al funcionario público se le estuviera haciendo daño a los otros ciudadanos”.
Propuesta
En este sentido, el mandatario propuso que para futuras convocatorias de este tipo, los funcionarios públicos deberían mandar una carta a la Procuraduría o al Ministerio de Agricultura para que se hiciera de público conocimiento su participación en proyectos similares.
“Tan es cierto que no favorece única y exclusivamente a funcionarios del Gobierno que inclusive las mismas personas que militan en partidos de la oposición son beneficiarios de Agro Ingreso Seguro sin ningún problema, ni ninguna incompatibilidad”, acotó el Ministro, y ratificó que cualquier colombiano podía tener acceso a los subsidios otorgados por el programa siempre y cuando generara empleo, competitividad y productividad.
El titular de Agricultura citó como ejemplo el departamento de Nariño, cuyo gobernador –Antonio Navarro- es del Polo Democrático Alternativo, y que no obstante es el territorio que más recursos ha recibido por parte del programa de riego, con un total de 39 proyectos valorados en 47.000 millones de pesos, que cobijaban a más de 22.500 familias.
MinAgricultura desmiente subsidios a muertos
El ministro Fernández también desmintió que se otorgaran subsidios a muertos dentro del programa de Agro Ingreso Seguro, puesto que dicho cuestionamiento hacía referencia a los subsidios de vivienda otorgados por el Ministerio de Agricultura, cuyas bases de datos fueron mal cotejadas por las personas que realizaron dichas afirmaciones.
En esta medida, puesto que la vivienda es adjudicada a todo el núcleo familiar “si usted coge una tarjeta de identidad o un registro civil de nacimiento de un niño y la coteja con un listado de cédulas, obviamente no lo va a encontrar o le va a coincidir con el número de cédula de otra persona, o le va a aparecer que esa persona está muerta”, explicó el Ministro.
Así mismo, también se presentan casos de personas de la tercera edad que resultaron beneficiadas por los subsidios cuando estaban vivas, pero que posteriormente fallecieron.
Inhabilidades
De igual manera, el titular de la cartera de agricultura descartó que se hubiera podido entregar subsidios a personas inhabilitadas, puesto que los incentivos a la asistencia agropecuaria eran prestados por los gremios del sector agropecuario.
“Lo que recibe la persona es un beneficio, no un contrato por parte del Estado”, agregó Fernández, quien aseguró que el Ministerio no intervenía en la asignación de este tipo de recursos.
En vista de que ni el Gobierno ni el Ministerio pueden escoger a las personas que resultan beneficiadas, también se negó la posibilidad de que el Gobierno fuera responsable de las personas con antecedentes penales que también resultaron beneficiadas.
Subsidios a "delincuentes"
Conforme explicó el Ministro, los subsidios son entregados por los gremios agropecuarios a las más de 153.000 beneficiados por incentivos de asistencia técnica, entre la cuales “puede haber personas que hayan cometido un delito”.
No obstante, si cumplieron sus respectivas condenas “estas personas van a un proceso de resocialización y no se les puede negar el derecho de recibir un incentivo a la asistencia técnica”.
“El incentivo a la asistencia técnica se presta a predios o a proyectos, no a personas como tal; si una persona de un núcleo familiar tiene un proyecto productivo y está recibiendo un incentivo y alguno de los del grupo familiar comete un delito, ese incentivo no se suspende porque el resto de la familia queda dependiendo del proyecto”, aseveró el Ministro.
Respecto a los narcotraficantes que resultaron beneficiados, Fernández señaló que los créditos habían sido otorgados por parte del sistema financiero nacional, y que al cotejar los datos de estas personas con las listas inhibitorias –Lista Clinton o lista ONU-, ninguno de los casos habían sido reportados por el banco.
“Tanto el señor Yenci Miranda, como el señor Santiago Gallón, como el señor Ismael Pantoja Carrillo recibieron incentivo a la capitalización rural a través de un crédito agropecuario para un proyecto productivo”, indicó Fernández, y aseguró que Miranda y Pantoja habían sido extraditados, así como que Gallón estaba preso en Colombia.
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