Amnistía Internacional (AI) instó a las autoridades colombianas a garantizar que se hace justicia a todas las víctimas de la toma de rehenes que tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Bogotá en 1985 y en la que murieron más de cien personas.
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La organización de derechos humanos hizo ese llamamiento en reacción a la condena, este miércoles, de un oficial del Ejército colombiano por violaciones de los derechos humanos.
Marcelo Pollack, encargado de Colombia en AI, elogió la histórica sentencia, de la que dijo que "las familias de las víctimas, que durante casi un cuarto de siglo han hecho campaña a favor de la justicia, han empezado a romper el velo de silencio que ha protegido tanto tiempo a los responsables".
El oficial condenado, Luis Alfonso Plazas Vega, se enfrenta a treinta años de cárcel por la desaparición de once personas en noviembre de 1985, cuando fuerzas del Ejército asaltaron la sede del poder judicial en la que miembros del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) mantenían a muchas personas como rehenes.
"Las autoridades colombianas intentaron ocultar la verdad sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia pese a las pruebas abrumadoras de que miembros de las fuerzas de seguridad organizaron la desaparición, tortura y ejecución de algunas de las personas que se encontraban dentro del edificio", criticó Pollack.
El miembro de Amnistía Internacional señaló que si hay que reconocer que ha habido avances en algunas investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad colombianas, ello se ha debido sobre todo a las fuertes presiones internacionales.
"A la mayoría de las víctimas de los abusos cometidos durante el asedio del Palacio de Justicia, bien por las fuerzas de seguridad, bien por los guerrilleros, no se les ha hecho aún justicia", denunció Pollack.
El Tribunal Constitucional colombiano decretó en 1997 que las violaciones de derechos humanos en las que estuviesen implicados miembros de las fuerzas de seguridad debía investigarlas el sistema civil de justicia.
Pese a ese dictamen, los tribunales militares tratan de asumir la jurisdicción en casos importantes en los que están implicados miembros de las fuerzas de seguridad a la vez que se abstienen de investigar los graves atropellos cometidos por los miembros de esos cuerpos.
"La investigación en torno a Luis Alfonso Plazas Vega se postergó una y otra vez por culpa de los intentos del sistema de justicia militar de encargarse del caso", dijo Pollack, según el cual tales intentos "sólo contribuyen a mantener una cultura de impunidad y a denegar justicia a las víctimas".
Según AI, quienes participaron en la investigación y el juicio del militar, incluido el juez instructor y un abogado que representaba a las víctimas, han recibido repetidas amenazas de muerte.
AI señala que la defensa del oficial condenado recurrirá contra la sentencia pronunciada ayer y que mientras tanto se está investigando a los generales en situación de excedencia Iván Ramírez Quintero y Jesús Armando Arias Cabrales y el ex coronel Edilberto Sánchez Rubian por su supuesta responsabilidad en las desapariciones del Palacio de Justicia.
Terra Colombia / EFE
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