Dos empleadas de la cafetería de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron destituidas luego de que confesaran que hicieron parte de una red para espiar a los magistrados de ese alto tribunal, se informó oficialmente.
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A través de un comunicado enviado a los periodistas en un correo electrónico, la Corte informó de la "destitución inmediata de María Lisandrina Torres y Blanca Yanet Maldonado...por las razones conocidas en los últimos días a través de los medios de comunicación y por la consiguiente pérdida de confianza".
Desde el domingo pasado, tanto Torres como Maldonado han reconocido en varios medios de comunicación que fueron "reclutadas" en 2008 por una funcionaria del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o la policía secreta, para que espiara a la Corte con el objetivo de que ese organismo de inteligencia tuviera acceso ilegal a los debates de los magistrados en sus reuniones.
En concreto, Maldonado confesó que a cambio de su colaboración --introducir veladamente una grabadora en el salón principal de la Corte-- le prometieron solucionarle un problema judicial a una de sus hijas. Torres, en cambio, lo hizo por dinero, aunque no se han dado detalles del mondo recibido, según dijo en su confesión Alba Luz Flórez, la funcionaria del DAS que la contactó.
El martes, el presidente de la CSJ, Jaime Arrubla, les pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que investigaran a las dos empleadas, que tenían como oficio servirles el café y el agua a los magistrados del tribunal durante sus sesiones.
Hasta ahora no hay ninguna averiguación contra las dos empleadas ni se les han formulado cargos.
Las dos mujeres, que aún no están detenidas, han pedido perdón público por su actuación y, a través de su abogado Alfonso Soto, han dicho estar dispuestas a colaborar con la justicia a fin de que aclare quiénes fueron los autores intelectuales del espionaje.
En febrero del año pasado, la revista bogotana Semana publicó un artículo que daba cuenta de que desde el DAS se les estaba haciendo seguimientos ilegales y se les había interceptado los teléfonos a magistrados, periodistas, opositores y activistas de derechos humanos.
Por ese caso, la Fiscalía tiene tras las rejas a una veintena de ex detectives del DAS.
Cinco ex funcionarios del gobierno del ex presidente Alvaro Uribe (2006-2010) también están en la mira de las autoridades. Habrían dado las órdenes para montar la red de espionaje o habrían hecho parte de una empresa criminal para desprestigiar a los magistrados de la CSJ, según la Fiscalía.
Tanto Uribe como los ex empleados han negado cualquier responsabilidad en las labores del ilegal espionaje.
Terra.com.co / AP
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