Investigaciones
Síguenos en Twitter 
Síguenos en FacebookLa organización Sistema de Observación por la Seguridad ciudadana (México SOS), que preside Alejandro Martí, un prominente empresario mexicano cuyo hijo de 14 años fue también secuestrado y asesinado, condenó "el reprobable secuestro y homicidio" del menor.
El rapto ocurrió cuando el menor paseaba en bicicleta en el barrio Las Alamedas, en Atizapán, un municipio del Estado de México ubicado en el área metropolitana de la capital, y su cadáver fue hallado en el barrio Nicolás Romero.
El padre de "Giussepe" había recibido recientemente su liquidación como ex trabajador de la estatal Luz y Fuerza del Centro, empresa que el Gobierno mexicano cerró en octubre del año pasado, de acuerdo con un comunicado de la ONG, versión que no pudo ser confirmada con la fiscalía local del Estado de México.
"Pese a que sus padres pagaron el rescate, el pequeño de 10 años fue privado de la vida", indicó México SOS.
Según la versión del organismo, las autoridades detuvieron a un delincuente identificado como Omar Alin Rayas Becerra, de 20 años, cuando se llevaba a cabo el pago del rescate, y quien fue recluido en una cárcel.
México SOS demandó a las autoridades del Estado de México "el esclarecimiento total de este crimen, así como la detención del cien por cien de los integrantes de la banda".
Además, condenó "la insensibilidad de los diputados federales" mexicanos, quienes hasta la fecha no han elaborado el dictamen para votar la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, presentada en marzo pasado.
"Queda claro que los tiempos del país y de los mexicanos, victimizados por delitos graves como el secuestro, no son los tiempos de los diputados", indicó la asociación civil.
Los legisladores mexicanos "han dado suficientes muestras de privilegiar sus estrategias de poder, antes que resolver los grandes problemas que nos aquejan como ciudadanos", sostiene la nota.
Además, recuerda que el proyecto de ley antisecuestros, presentada por el presidente de México, Felipe Calderón, eleva las penas de cárcel cuando las víctimas de raptos sean menores de edad y mueran a consecuencia del secuestro.
La ley también plantea que el Estado deba reintegrar la totalidad de lo pagado por el rescate a la familia de la víctima, y otorga otra serie de apoyos.
Terra.com.co/ EFE
