El ataque de las Farc ocurrido este viernes cerca de la frontera con Ecuador con un saldo preliminar de nueve policías fallecidos es el último episodio de una ofensiva guerrillera que ha matado al menos a 37 miembros de las fuerzas de seguridad en apenas diez días.
Síguenos en Twitter 
Síguenos en FacebookLas autoridades no ocultan su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en el país, especialmente en varias regiones del suroccidente, desde que el presidente
Juan Manuel Santos asumió el poder el pasado 7 de agosto, hace poco más de un mes.
El ataque de las
Farc de esta madrugada en el departamento selvático de Putumayo, que -según Santos- se ha cobrado la vida de nueve
policías, es uno de los más graves junto con la emboscada del 1 de septiembre de esa misma
guerrilla en la vecina región del Caquetá, donde otros 14 policías fallecieron.
La tragedia de este viernes se produjo cuando presuntos
guerrilleros de las
Farc intentaron ingresar con fusiles, ametralladoras y explosivos al casco urbano del municipio de San Miguel (Putumayo), fronterizo con
Ecuador, y fueron combatidos por
policías.
Además de los nueve
policías muertos, dos
guerrilleros perdieron la vida y hay otros dos agentes heridos, varios civiles lesionados, algunos de los cuales están siendo atendidos en centros de
Ecuador, y un número indeterminado de uniformados desaparecidos, de acuerdo con el último balance de las autoridades.
Los Gobiernos de
Colombia y
Ecuador acordaron activar de inmediato la Comisión Binacional de
Frontera (Combifron) para reforzar la seguridad en la
frontera común.
La Combifron, que coordina, evalúa y supervisa la cooperación militar y policial en materia de seguridad fronteriza, fue reactivada en octubre pasado dentro del proceso para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde marzo de 2008.
Además, en el municipio de Villagarzón, en Putumayo, una marcha convocada originalmente en rechazo al secuestro, que congregó a unas 3.000 personas, se convirtió espontáneamente en un acto de repulsa por el ataque de
las Farc a San Miguel.
Consejo extraordinario de seguridadPor su parte, Santos condenó el ataque durante una visita al municipio de Mompox, en Bolívar, y anunció que presidirá un consejo de seguridad extraordinario esta misma tarde en Bogotá para analizar el combate a las
guerrillas.
El mandatario, quien ha dejado claro que solo dialogará con las
guerrillas si dan muestras de que van a abandonar el terrorismo y el secuestro, reiteró que su Gobierno va a seguir combatiéndolas con "más fuerza y determinación".
"Si creen que ataques como éste nos van a debilitar, se equivocan de cabo a rabo. Todo lo contrario, eso lo que hace es llenarnos de más determinación, de más contundencia, porque no vamos a descansar un solo segundo hasta que no tengamos la plena paz en este país", enfatizó Santos.
Además de los nueve
policías muertos y de los 14 que fallecieron el 1 de septiembre en Caquetá, cinco soldados fueron asesinados por la
guerrilla del
Eln el domingo pasado en un paraje del municipio de El Bagre, en Antioquia.
Tres
policías más perdieron la vida en ataques de las
Farc cerca de las fronteras con
Ecuador y
Venezuela la semana pasada y otros seis perecieron hace tres días en una incursión conjunta de esa
guerrilla y el Eln en una zona rural de Samaniego, Nariño.
A una acción conjunta de ambas
guerrillas atribuyen también las autoridades el atentado del pasado miércoles contra la sede de la central estatal de inteligencia en Pasto, que dejó 13 heridos y cuantiosos daños en una veintena de edificios.
Precisamente, el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff, denunció el incremento de la violencia en las zonas rurales de la costa pacífica de esta región, donde en los últimos días han aparecido varios cadáveres de jóvenes despedazados con hachas.
También el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alertó del significativo aumento del desplazamiento forzoso entre campesinos e indígenas del sur de
Colombia a causa de la reciente intensificación del conflicto armado.
ACNUR, que toma datos de la oficina gubernamental de Acción Social, asegura que sólo en el Meta y Guaviare (ambos departamentos del sur), unos 250.000 lugareños se han visto obligados a abandonar sus hogares desde principios de agosto pasado.
Terra.com.co / EFE
Investigaciones
