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Ombudsman salvadoreña pide justicia transicional ante reapertura caso Romero

18 may 2017
12h55
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La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, abogó hoy porque se aplique un esquema de "justicia transicional" al proceso por el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero y de otros reabiertos por la anulación de una ley de amnistía.

"Es importante que se empiece a abordar eso (la aplicación de la justicia transicional) porque muchos casos se van a empezar a abrir", sostuvo Caballero a la prensa en reacción a la reapertura dictada este miércoles del proceso penal contra un capitán del Ejército salvadoreño por el asesinato de Romero en 1980.

Caballero manifestó que, pese a que la "justicia transicional" no busca encarcelar y que el país no tiene legislación al respecto, "vamos a acompañar a las víctimas por la verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición de estos crímenes" que se dieron en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

De esta forma Caballero se sumó a la petición del jesuita Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), que aboga por implementar la referida justicia.

A mediados de marzo anterior, el titular del IDHUCA, José María Tojeira, entregó al Congreso una serie de orientaciones para legislar sobre dicha materia.

Remarcó en esa ocasión la conveniencia de crear una ley sobre "justicia transicional" porque "los casos son tan diversos en el tiempo que habría que utilizar tres códigos penales distintos".

El religioso dijo entonces a Efe que la Justicia salvadoreña está en el deber de investigar el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero sin importar que los autores del crimen posiblemente estén muertos.

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador anuló este miércoles el sobreseimiento decretado el 31 de marzo de 1993 del proceso contra el capitán Álvaro Rafael Saravia, único acusado del magnicidio de Romero.

En la referida fecha, un tribunal invocó la amnistía para sobreseer el proceso contra Saravia, cuyo paradero es desconocido y quien fue condenado por una corte federal estadounidense a pagar 10 millones de dólares a la familia de Romero en 2004.

El citado tribunal basó su resolución en una sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló una ley de amnistía general en julio de 2016 y que impedía las investigaciones de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Además de este caso, otros como la matanza de unos 1.000 campesinos en 1981, conocida como masacre de El Mozote, se han reabierto por la anulación de la amnistía.

Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador desconocido cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.

El arzobispo, beatificado el 23 de mayo de 2015 en una multitudinaria misa en San Salvador, denunciaba en sus homilías los ataques de los cuerpos de seguridad contra la población civil y otras violaciones a los derechos humanos.

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