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ONG salvadoreña urge a Fiscalía actuar de inmediato en caso monseñor Romero

18 may 2017
12h43
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La asociación social salvadoreña Oficina de Tutela Legal "Dra. María Julia Hernández" urgió hoy a la Fiscalía de El Salvador actuar de "inmediato" para "esclarecer" la muerte de monseñor Óscar Arnulfo Romero, luego que un tribunal reabrió el proceso penal contra un capitán del Ejército.

"La Fiscalía tiene que actuar de manera inmediata en este caso, debe jugar un papel muy activo en todas las decisiones judiciales y debe continuar trabajando con la acusación particular", aseguró a Efe Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal.

Señaló que la reapertura del caso Romero "representa una gran oportunidad para que el sistema judicial se actualice y que aplique estándares internacionales para que se tenga la verdad jurídica en este caso".

Medrano manifestó que como organización querellante en el proceso penal del beato Romero esperan que "no se presente obstáculos jurídicos para que se hagan los señalamientos respectivos y que el homicidio no quede impune".

Subrayó que "como Tutela Legal vamos a hacer algunas peticiones en concreto ahora que el proceso se ha reabierto, para que el caso tome más peso y que al final se logre lo que todos hemos esperado y obtengamos una justicia social".

"Monseñor Romero es el símbolo de la impunidad de este país, es por ello que ese magnicidio no puede quedar impune porque no es posible que no se sepa la verdad judicial de quién cometió el homicidio", agregó el jurista de Tutela Legal.

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador anuló este miércoles el sobreseimiento decretado el 31 de marzo de 1993 del proceso contra el capitán Álvaro Rafael Saravia, único acusado del magnicidio de Romero.

En la referida fecha, un tribunal invocó la amnistía para sobreseer el proceso contra Saravia, cuyo paradero es desconocido y quien fue condenado por una corte federal estadounidense a pagar 10 millones de dólares a la familia de Romero en 2004.

El citado tribunal basó su resolución en una sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló una ley de amnistía general en julio de 2016 y que impedía las investigaciones de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Además de esta caso, otros como la matanza de unos 1.000 campesinos en 1981, conocida como masacre de El Mozote, se han reabierto por la anulación de la amnistía.

Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador desconocido cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.

El arzobispo, beatificado el 23 de mayo de 2015 en una multitudinaria misa en San Salvador, denunciaba en sus homilías los ataques de los cuerpos de seguridad contra la población civil y otras violaciones a los derechos humanos.

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