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Experto denuncia que agronegocio obliga a importar alimentos en Paraguay

3 jun 2017
09h47
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El avance de la producción agrícola para la exportación, centrada en productos como la soja, el maíz o el trigo, obliga a importar los alimentos que podrían producirse en Paraguay, pero que no se cultivan por falta de tierras, dijo en una entrevista con Efe el sociólogo Quintín Riquelme.

Riquelme, investigador del Centro de Documentación y Estudios (CDE) de Paraguay, participó esta semana en un foro internacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU para 2030 y el desarrollo rural en el país.

El investigador destacó que los cultivos destinados a la alimentación en Paraguay se están reduciendo cada vez más por la presión de la agricultura para exportación, haciendo desaparecer a familias y comunidades campesinas.

Pero a medida que disminuyen los cultivos dedicados a producir alimentos, crece la población y aumenta la demanda de comida, lo que obliga al país a depender de la importación de alimentos del extranjero, agregó Riquelme.

Otra consecuencia alarmante del avance del agronegocio es la pérdida de la población campesina, que migra hacia las ciudades por falta de tierras para cultivar, lo que implica, según el investigador, riesgos ambientales.

"La población campesina vive en sus tierras, y de sus tierras. Eso conlleva que no pueda fumigar, porque eso le impedirá sembrar, criar animales menores... En cambio, el empresario agrícola vive de las tierras, pero no vive en ellas, por lo que no le importa hacer fumigaciones aéreas, porque no sufre las consecuencias", destacó.

A la presión del agronegocio se le suman las dificultades en el acceso a las tierras y la desproporción en la propiedad de las fincas, en un país donde "una vaca tiene dos hectáreas, pero hay 300.000 campesinos sin tierras", según Riquelme.

El investigador explicó que, hasta mediados de la década de 1980, los campesinos obtuvieron tierras a través de la colonización, con una migración rural-rural desde el centro hacia el este del país, cuando se establecieron asentamientos en tierras estatales.

Posteriormente, tras la caída de la dictadura en 1989, los campesinos accedieron a tierras a través de la ocupación de fincas privadas, muchas de las cuales eran latifundios improductivos o tierras mal habidas, que habían sido regaladas o cedidas a bajo precio a militares afines al dictador Alfredo Stroessner (1954-1989).

A través de este modelo, los campesinos llegaron a establecerse en cerca de medio millón de hectáreas, y fundaron casi 300 asentamientos rurales.

En la actualidad, sin embargo, "la ocupación de tierras se hace casi imposible por la aplicación estricta de las leyes de la propiedad privada", según Riquelme, y los campesinos que ocupan se arriesgan "a ser imputados e ir a la cárcel".

Para el investigador, además de la ocupación, los campesinos deberían tener acceso a tierras a través de las compras por parte del Estado, la expropiación, y la recuperación de tierras mal habidas, pero "ninguna de estas fórmulas se ha estado aplicando en los últimos 10 años".

Esta situación deja a los campesinos ante una encrucijada: o tratan de conservar sus tierras, resistiendo a la presión de los empresarios agrícolas y ganaderos, y a los frecuentes episodios de violencia y desalojos, o migran a las ciudades, donde su proceso de adaptación "suele ser difícil", dijo Riquelme.

Afirmó que la solución a este conflicto en Paraguay exige aplicar una efectiva reforma agraria para la redistribución de las tierras, y ejecutar diagnósticos participativos en las comunidades rurales para identificar los problemas que enfrentan, y proponer políticas de desarrollo adecuadas.

El 92 % de la superficie cultivable de Paraguay se destina a cultivos para la exportación, como maíz, soja o trigo, mientras que solo un 8 % se dedica a plantar alimentos para el consumo interno, según la organización Base IS.

Paraguay es uno de los países del mundo con mayor desigualdad en la tenencia de tierras, donde el 90 % de las tierras está en manos de menos del 5 % de los propietarios, según la ONG Oxfam.

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