Gabriela Posso Restrepo, funcionaria del Gobierno, deberá acatar la multa de cinco salarios mínimos y un arresto domiciliario de cinco días después de que el Juzgado Tercero Civil de Ibagué le impusiera una sanción tras no retractarse de par de acusaciones que realizó en días pasados.

La alta consejera para la juventud es una de las funcionarias de Gobierno más jóvenes que se tienen en Colombia con tan solo 26 años, y que tendrá que acatar la multa y arresto después de que el juzgado le exigiera retractarse de ciertas acusaciones y que ella no hizo de la manera en que corresponde a la ley.

Todo esto viene por lo escrito por Gabriela Posso en su cuenta personal de Twitter, en donde dijo que los estudiantes de la Universidad del Tolima eran víctimas de “hostigamiento y persecución” por parte de la Secretaría General de la institución, complementando con que la “información sensible de 200 estudiantes y colectivos habría sido remitida a fuerzas del Ejército”.

Después de sus declaraciones en las redes sociales, el actual secretario de esa universidad, Andrés Felipe Bedoya, pidió a Posso que se retractara de sus palabras, pues no las acompañó de ninguna prueba, por lo que las tachaba de falsas.

Las palabras de Gabriela Posso

El caso llegó al Juzgado Tercero Civil, en donde se le ordenó retractarse de sus palabras en contra de la Secretaría General de la U. del Tolima una vez el juzgado había fallado en su contra, por lo que la consejera para la juventud eliminó la publicación ya mencionada y la acompañó de una nueva.

“Me permito precisar que los trinos realizados sobre la U Tolima iban encaminados a solicitar a las autoridades competentes investigar los hechos denunciados por medios de comunicación. En ningún momento se juzgó a nadie o se insinuó tener pruebas”, escribió de nueva cuenta Posso.

Una respuesta que no fue aprobada

Ante esta respuesta, el secretario Felipe Bedoya expresó que hubo incumplimiento por parte de la funcionaria al no haberse retractado conforme corresponde a la ley. “La rectificación no se hizo en los términos ordenados por el Juzgado Tercero Civil de Ibagué”; añadió además que “no contaba con pruebas para haber afirmado que información sensible de estudiantes fue remitida al Ejército”.

JAP